La falta de un gobierno central y la lentitud con la que avanzan las negociaciones en Madrid está impidiendo tanto a la Generalitat como a los ayuntamientos de la provincia elaborar sus presupuestos afinando en lo que pueden y no pueden gastar para el año que viene. El retraso en la fijación de las referencias estatales para elaborar las cuentas del año que viene en base a las pautas de gasto establecidas en los Presupuestos Generales del Estado está provocando incertidumbre en la confección de los presupuestos de los ayuntamientos alicantinos que aún no saben a qué límites de gasto acogerse al no estar todavía marcados referentes como el techo de gasto.
Consistorios endeudados o que siguen un plan de ajuste, como el de Alicante, tienen menos margen de maniobra, según señala la edil de Hacienda de Alicante, Sofía Moragues, que destaca que se ha tenido que tomar como referencia el mismo techo de gasto que el año pasado para saber hasta cuánto gastar, una solución que se ha generalizado en las concejalías de Hacienda, pero que puede ser engañosa al impedir afinar los números con los parámetros que finalmente establezca Madrid.
Lo mismo señala la edil de Hacienda de Crevillente, quien indica que la ley presupuestaria impide esa precisión al no disponerse aún de unos presupuestos Generales que son los que marcan las referencias a los municipios y comunidades autónomas.
Ayuntamientos más saneados, como San Vicente del Raspeig, quieren tener sus cuentas aprobadas en noviembre de 2017, lo que obliga a tenerlas cerradas en los próximos dos meses. En circunstancias normales -y no con esta interinidad del gobierno central- a estas alturas los municipios ya tenían establecido el techo de gasto. «Al no estar fijado ese techo corremos el riesgo de tener que reajustar una vez hayamos previsto todos los gastos e ingresos», sostiene el edil de Hacienda sanvicentero.
Plantillas
Con un gobierno en funciones y sin techo de gasto definitivo el reajuste de los presupuestos es un riesgo que hay que correr, y así lo destacan técnicos municipales consultados por este diario, que explican que otros problemas que se están encontrando los ayuntamientos de la provincia con los presupuestos de 2017 son las estimaciones sobre su participación en los tributos del Estado y las retribuciones a los funcionarios. Y es que estas retribuciones se fijan, normalmente, en septiembre basándose en los parámetros de la normativa estatal, y si los ayuntamientos no conocen cuáles son no pueden subirlas. Antes del 30 de septiembre, el Consejo de Ministros debería remitir al Parlamento para su aprobación los presupuestos de 2017 que marcarán estas líneas, así como el techo de gasto, pero este año el panorama político está retrasando todas las referencias que los ayuntamientos y la Generalitat necesitan para elaborar sus números.
Un caso atípico es Torrevieja, donde la prioridad es aprobar, todavía, los presupuestos de 2016.
Referencia fundamental
El techo de gasto es una referencia fundamental para los municipios y comunidades autónomas que limita el porcentaje que cada administración se puede gastar de más en sus presupuestos respecto al año anterior. Este marcador, creado para reducir el déficit, tiene que fijarlo el Gobierno, pero aquí está el meollo de la cuestión, puesto que el gobierno en funciones, presidido por Mariano Rajoy, alega no tener competencias para fijarlo en virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Buena parte del gasto público es gestionado por las comunidades autónomas y los ayuntamientos en sus presupuestos, algo con lo que el PP ha jugado en las últimas semanas para buscar apoyos a Rajoy en la investidura. Otras fuentes apuntan a que la necesidad de los Presupuestos Generales es uno de los argumentos que han barajado desde el PSOE los partidarios de la abstención.
La otra gran administración afectada por la falta de referencias presupuestarias es la Comunidad Valenciana. De hecho, el Consell ha entrado al trapo en este asunto y al pulso por la financiación autonómica y la política fiscal que mantiene con Madrid ha sumado las exigencias para recibir estos indicadores al entender que el gobierno en funciones sí puede enviarlos a las comunidades alegando una urgencia social.
Desde la Conselleria de Hacienda destacan tres factores que explican la dependencia de esta Conselleria del Ministerio de Cristóbal Montoro: las entregas a cuenta del modelo de financiación correspondientes a 2017, la liquidación del 2015 y el techo de gasto, «datos básicos para poder hacer nuestro escenario de ingresos», señalan fuentes de la Conselleria. Respecto a las dos primeras, explican que todavía no se tienen esos datos, aunque recuerdan que en una videoconferencia con el secretario de Estado Antonio Beteta «sí se nos apuntó que en septiembre se darán indicaciones al respecto y que serían prácticamente las mismas que en 2016». Eso tendría el inconveniente de que la mejora de la economía no tendría efecto en los ingresos de las comunidades autónomas en 2017. Es decir, que se congelarían las entregas a cuenta a las cifras de 2016. «En cambio, respecto a la liquidación de 2015 sí nos señalaron que darían una estimación conforme a las cifras reales de 2015», concretan las fuentes.
Respecto al techo de gasto, el departamento que dirige Vicento Soler recuerda que el gobierno central alega que está en funciones «para escurrir el bulto» asegurando que no puede fijar el techo de gasto. «Nosotros entendemos que el Ministerio sí puede fijar el techo de gasto, pero sospechamos que está utilizando esta cuestión para presionar a las comunidades autónomas en la línea de la formación del gobierno haciendo una utilización claramente partidista de las instituciones del Estado», destacan las citadas fuentes ante preguntas de este diario. Desde el Consell entienden que el Gobierno central tiene instrumentos para poder aportar esos datos y recuerdan que en 2011, cuando los presupuestos se prorrogaron por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también se dieron cifras a todas las comunidades, incluida la valenciana, y pudieron trabajaron sobre ellas para confeccionar ellas mismas las cuentas autonómicas.
