Aún a riesgo de que alguien me tilde de masoquista, tengo que confesar que dediqué buena parte de mi último día de vacaciones a ver el primer acto del fallido debate de investidura de Mariano Rajoy en el Congreso. Sí, efectivamente, reconozco que pequé: fui uno de los tres o cuatro que siguió la mayoría del sainete a través de la televisión. ¿El guión? Más o menos el esperado. Nada nuevo aportó el candidato del PP. Ni tampoco sus socios de Ciudadanos, aliados con la derecha o con la izquierda en función del viento que más le interesa a Albert Rivera. La intervención de Rajoy evidenció, una vez más, que en Madrid a casi nadie le interesa lo que ocurre en la Comunidad que impulsa el motor del turismo y aporta el 11% del PIB de España.
No me sorprendió. Nunca hemos pintado nada. Y ahora no había ni un sólo elemento que apuntara a que la situación, llegados a este punto, fuera a ser diferente. Durante su intervención del martes y en la mayoría de los «cara a cara» del miércoles, Rajoy se pasó por el forro ese «problema valenciano» al que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lleva meses tratando de dar visibilidad en Madrid, a tenor de lo visto en este debate de investidura, sin demasiado éxito. No hubo ni una sola mención de Rajoy a la Comunidad Valenciana -la más maltratada junto a Murcia en el reparto de los fondos del Estado- como tampoco lo hace el documento avalado por Ciudadanos. El líder del PP defendió desde la tribuna la «agenda canaria» para atar el voto de Ana Oramas y hasta mostró su respeto por el cupo navarro para cortejar a sus socios de UPN. Sólo el discurso de Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso, obligó al presidente del Gobierno en funciones a mostrar su verdadera cara sobre la madre de todos los problemas que afectan a la Comunidad: la financiación.
De un plumazo, el candidato del Partido Popular se encargó de desmentir a su Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se había pasado la legislatura hablando de la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación autonómica que sustituya al actual modelo que está caducado desde 2014. Ahora sabemos que era mentira. «No fue una prioridad», vino a decir el presidente del Gobierno en su réplica a Baldoví. Pero también de dejar a los pies de los caballos a la líder autonómica del PP, Isabel Bonig, que el día anterior había ofrecido, en un acto casi de chantaje, resolver el problema de financiación en 24 horas si los diputados de los socialistas valencianos y de Compromís -once en total- se abstenían y le daban la presidencia al cabeza de lista del PP. No hubo ni una sóla referencia de Rajoy en esa dirección. Ni habló de resolver el problema ni puso fecha para dar carpetazo a un modelo que, de acuerdo con los datos de los empresarios, se traduce en un expolio de unos 1.300 millones anuales para las arcas de la Comunidad. Así que, a día de hoy, la credibilidad de Montoro y de Bonig sobre este asunto es menos que cero.
Incluso Mariano Rajoy fue más allá con una frase que, con el tono gallego del presidente del Gobierno, sonó casi a chanza: «La Comunidad se ha beneficiado de la gestión del PP en el Gobierno», lanzó el candidato contra las críticas, por ejemplo, al retraso de infraestructuras como el Corredor Mediterráneo. Para Rajoy aquí se acabó la «cuestión valenciana». A Rivera, convencido de la necesidad de mejorar la financiación de Cataluña -mi tierra, como subrayó el jefe de Ciudadanos en la tribuna- pero que duda cuando se le pregunta por la Comunidad, no se le esperaba en este asunto. Y ni siquiera compareció. El «ninguneo» a casi seis millones de ciudadanos valencianos no pasaría de ser un episodio más de los que ya se han producido en los últimos treinta años si no se tiene en cuenta que el margen de maniobra ya se ha acabado. O se arregla esta situación; o se vislumbra un futuro negro para la Comunidad, un sistema económico clave para toda España. Así de claro y así de crudo.
