El rifirrafe entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su homóloga en Madrid, Cristina Cifuentes, a cuenta de la desigualdad fiscal entre comunidades subió ayer de tono. Puig insistió en su denuncia de asimetría fiscal y se quejó de que la Comunitat Valenciana «juega con un brazo atado detrás» y goza de menos beneficios fiscales, mientras que otras como Madrid se benefician del efecto de la capitalidad. En una comparecencia ante los medios y preguntado sobre si se reafirmaba en que Madrid funcionaba como un paraíso fiscal, el jefe del Consell insistió en que el trato que el Gobierno da a esta y otras comunidades les permiten una compatencia desleal: «Es dumping fiscal», asestó, al defender que no todas las comunidades tienen las mismas posibilidades.

Las quejas de Puig tienen que ver con el hecho de que autonomías como la madrileña pueden permitirse bajar impuestos gracias aun mejor reparto de los recursos del Estado. Otras, como la valenciana, están más condicionadas por sus necesidades de financiación. Puig citó los más de 40.000 millones de euros en deuda y la decisión del Consell de no caer en la «irresponsabilidad» de los gobiernos del PP que aprobaba en el pasado beneficios fiscales pese a la carencia de recursos. La menor presión fiscal está provocando una fuga de capitales hacia el centro del Estado. Hasta seis impuestos son la mitad de gravosos en la comunidad madrileña respecto de Valencia.

Cifuentes fue ayer más dura en su réplica al jefe del Consell al que acusó de «esquilmar» con impuestos a los valencianos para que «lo paguen absolutamente todo». «El presidente debería saber que un paraíso fiscal es un Estado que ofrece condiciones fiscales diferentes y más beneficiosas a los no residentes, y en Madrid eso no ocurre; por lo tanto, no somos un paraíso fiscal ni mucho menos», argumentó la dirigente del PP, al tiempo que invitó a Puig a buscar fórmulas para crear empleo en la Comunitat en lugar de criticar a otras regiones. Puig también se refirió a la situación privilegiada del País Vasco. Insistió en que no cuestionaba el concierto, pero si el cupo cuyo cálculo debe revisarse y regularse con criterios de transparencia.

En la polémica también terció el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, si bien con un tono más conciliador. Defendió la competencia autonómica para gestionar los impuestos propios y cedidos e incidió en que las comunidades que cumplen el déficit no pueden ser criticadas por bajar los impuestos. Sí, en cambio, le parece incorrecto que lo hagan quienes no cumplen con los objetivos de estabilidad.

Precisamente, este es uno de los dramas a los que se enfrenta el actual Consell, abocado, tal como reconoció Puig, a recurrir a los impuestos para poder cuadrar las cuentas. El jefe del Consell precisó que para el presupuesto de 2017 no se contempla una subida de impuestos, pero sí su redistribución para que «finalmente paguen más aquellos que tienen más ingresos». «El Ejecutivo quiere ser responsable y actuar con equidad y determinación», añadió.

Soler contesta a Moragues

Por su parte, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, presente en la comparecencia, criticó que a estas alturas todavía no se dispongan de referencias para elaborar unas cuentas que, en todo caso, serán de continuidad respecto a las de 2016. Soler aprovechó también para contestar a su antecesor y actual Delegado de Gobierno, Juan Carlos Moragues, por cuestionar el anuncio de incluir de nuevo en los prespuestos la partida de los 1.300 millones por la infrafinanciación. «No tienen nada de ficticios, tenemos derecho a ellos», apostilló.