La exconcejal del PP de Valencia, Maria José Alcón, admitió en su declaración ante la Guardia Civil y el juez que el presunto blanqueo de dinero durante la campaña electoral municipal de 2015 no fue un caso aislado. Alcón explicó en su declaración a los agentes de la Unidad Central Operativa que el PP «hacía lotería para ganar fondos» y que coincidiendo con la recogida de la lotería en la sede del grupo municipal, la exsecretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Maria del Carmen García-Fuster, «me dio un billete de 500 euros que tenía que devolverle en billetes más pequeños». Sucedió «durante las Navidades de 2014 a 2015» y la exconcejal y entonces asesora del PP aseguró desconocer la procedencia de los billetes de 500 euros.
Se trata de una práctica similar al «pitufeo» realizado meses después durante la campaña electoral: los concejales y asesores ingresaron 1.000 euros en la cuenta opaca del grupo municipal popular y, después, se les devolvía en dos billetes de 500 euros, según admitió la propia Alcón y declararon otros cuatro asesores.
Alcón admitió que «entendía que se trataba de una operativa extraña» pero «como García-Fuster es una persona autoritaria, lo de los billetes me lo dijo con modos autoritarios, como habitualmente hacía ella y obedecí». La exconcejala y exasesora de Barberá nunca se atrevió a quejarse sobre esta operativa. «Lo habría hecho si hubiera sido una cosa más reiterada», aunque sí que lo comentó con su actual marido, el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
El sumario de Taula revela un una red de mordidas entre la exedil, su exmarido y el «yonki del dinero» -el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent- para cobrar mordidas del 2%. Entre los contratos investigados en esta pieza separada que afecta al Ayuntamiento de Valencia, se encuentran las obras de mantenimiento y limpieza de fachadas de la Lonja (2003), la consolidación de las Torres de Quart (2005), la restauración del puente de Serranos o los concursos para la Mostra de Cine de Valencia de 2006 o la gestión de un centro cultural.
Durante el tiempo que estuvo al frente de la Concejalía de Cultura, Alcón negó haber recibido cantidad económica alguna, prebendas o «regalos que no fuera mi salario profesional (...) Yo cobraba 5.000 euros al mes, no iba a jugarme mi carrera ni por 9.000 euros ni por otra cantidad». Aunque Alcón tuvo que escuchar en presencia de la Guardia Civil las grabaciones realizadas por Marcos Benavent en las que amañan los contratos y se reparten las mordidas. La exasesora popular se escudó ante los agentes en que las grabaciones «están manipuladas por personas que quieren causarme daño». Reconoció su voz «pero no la de la otra persona», en referencia a Benavent, con quien aseguró «nunca he mantenido una conversación en privado, aunque sí en algún acto público porque era amigo de mi exmarido». Las conversaciones son tan evidentes que finalmente Alcón admitió ante el juez que quería darse una importancia y un poder decisión que no tenía ante el amigo de su marido (Benavent), pero que ella ni decía sobre las contrataciones ni sobre los pliegos, decisiones que descargó en los funcionarios y el concejal de contratación.
