La formación naranja en la Comunidad Valenciana no obligará al PP, por lo menos por el momento, a apartar de la vida pública a sus cargos investigados por corrupción y mantendrá, por tanto, el foco de la polémica intacto. Y es que los nueve ediles populares en el Ayuntamiento de Valencia no tendrán que ser desvinculados de sus cargos pese a estar investigados por blanqueo y otros delitos al afectar el pacto anticorrupción entre PP y C's únicamente a senadores y diputados nacionales, según confirmó ayer el portavoz de C's en la Comunidad, Fernando Giner. Sin embargo, Giner insistió en que su formación exigirá al PP una ley para extrapolar esa situación a todos los ayuntamientos y diputaciones para abarcar así a los diputados provinciales y concejales. «El caso de Rita Barberá, si se diera la circunstancia de su imputación, sí afectaría por tratarse de una senadora y tendría que dimitir, pero nosotros queremos una legislación que permita apartar a los concejales investigados por corrupción que, a día de hoy, no estarían circunscritos al ámbito del pacto con el PP», indicó Giner a preguntas de este diario tras concluir una reunión con miembros de su formación.
Con esta argumentación, la pelota se sitúa sobre el tejado del PP, dejando sobre sus hombros la aplicación de su ética política en virtud del acuerdo firmado con C's. Precisamente hoy el presidente provincial del PP de Alicante y coordinador del grupo popular en las Cortes Valencianas, José Císcar, tiene previsto dar una rueda de prensa en Valencia para hablar sobre «temas de actualidad» y, a buen seguro, tendrá que responder a preguntas de los periodistas sobre la situación de Valencia, donde su partido y los ediles actuales del PP -convertidos en independientes dentro del grupo popular- se han visto salpicados de lleno por el caso Taula. C's pide una normativa estatal que obligue de forma automática a los concejales imputados por delitos de corrupción a abandonar su escaño. «No queremos supeditar el abandono del cargo a la voluntad de los concejales, que pueden, si así lo deciden, mantener sus actas, y lo que queremos es una ley que les obligue a marcharse», añadió el portavoz de la formación naranja en la Comunidad y concejal en el Ayuntamiento de Valencia.
Respecto a la situación de otros cargos del PP como el alcalde de San Fulgencio, procesado en dos causas a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante y ante el que el PP defiende que se trata de asuntos de prevaricación administrativa, Giner indicó que cuestiones «de este tipo» no conllevan el enriquecimiento personal y «no podemos estar hablando de corrupción». Y ahí está el debate que ahora se dirime en una segunda fase del pacto PP-C's: qué es y qué no es corrupción. Por la misma regla de tres, C's defiende que el diputado nacional del PP por Castelló, Óscar Clavell, no tendría que dimitir, ya que su investigación es por prevaricación y no por corrupción. Clavell está procesado por malversación y fraude en su etapa de alcalde en la Vall d'Uixó y ayer anunció que dimitiría si se lo pidiera su partido.
