La partida política de la infrafinanciación autonómica será de nuevo la pieza clave que permitirá al Ejecutivo valenciano cuadrar los presupuestos de la Geneneralitat de 2017 y presentar ante el Gobierno central unas cuentas ajustadas a la exigencia del 0,5% de déficit. Rescatar esta partida de ingresos, que figura en las cuentas de 2016 por un valor de 1.300 millones de euros, pero que el Estado no está dispuesto a transferir, está en la hoja de ruta del Ejecutivo valenciano, según reconoció ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una comparecencia ante la prensa.
El jefe del Consell argumentó que si el Gobierno central no corrige la situación de maltrato financiero a la Comunidad Valenciana el camino será el mismo que el transitado en 2016, es decir, presupuestar como ingreso los alrededor de 1.300 millones de euros que el Consell entiende le corresponde para corregir la infrafinanciación a pesar de que carezca del compromiso del Ministerio de Hacienda de que llegará.
Este recurso permite sobre el papel cuadrar las cuentas, las segundas del nuevo Consell, aunque, si el dinero no llega tal como va ocurrir en 2016, condena a la Generalitat a incumplir el objetivo de déficit. De hecho, el Consell se vio obligado hace dos meses a eliminar la partida del Programa Económico y Financiero (PEF) presentado ante el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, un documento con el que se compromete a ajustar sus cuentas para cumplir con el déficit de este año.
La Autoridad Fiscal Independiente (Airef), la conocida como policía fiscal de Montoro, ya advirtió al Consell desde el primer momento que esta partida de ingresos era irreal dado que era improbable que se cobrara.
El Ministerio de Hacienda puso contra las cuerdas a la conselleria de Hacienda y le obligó a retirar la partida del plan de ajuste (se mantuvo en el texto como reivindicación política) bajo amenaza de bloquear los fondos de rescate. Para compensar la no inclusión de esta partida, la conselleria incluyó mayores ingresos por recaudación de impuestos. Con todo, en el departamento que dirige Vicent Soler se da por hecho que no podrá cumplirse el déficit.
El PP ha criticado duramente todo este año que Puig cuadrara el presupuesto con una partida «ficticia». En 2015, el Gobierno del PP de Fabra usó una técnica similar para cuadrar su presupuesto al incluir un anticipo del Fondo de Compensación por cerca de 1.000 millones, que tampoco Montoro le concedió.
Puig defendió ayer que el Consell no renunciará a que los valencianos tengan unos servicios públicos de calidad y exigió al Gobierno en funciones de Rajoy que dé una solución a un problema «que no es sólo valenciano sino de toda España». «La Comunidad Valenciana es sensata, pero no sumisa», advirtió el jefe del Consell, quien defendió que el Gobierno central debe condonar los intereses de los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) al entender que esta ayuda financiera se produce precisamente porque la Generalitat está infrafinanciada.
Puig pidió una reunión con el Gobierno en funciones de Rajoy para abordar de nuevo este asunto. Además, el jefe del Consell instó al Gobierno central a que abone a la Generalitat los más de 300 millones de euros que le debe para hacer frente a la atención sanitaria de los desplazados, al tiempo que reprochó a Rajoy su nivel de deslealtad institucional con la Comunidad Valenciana, en especial, desde el cambio de Gobierno.
