Una ley de Montoro bloquea inversiones por 200 millones en municipios de la provincia

La FVMP iniciará en septiembre una campaña para pedir la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local por «ahogar» a los ayuntamientos

23.08.2016 | 00:35
Una ley de Montoro bloquea inversiones por 200 millones en municipios de la provincia

Alcaldes populares critican la normativa pero defienden su mantenimiento al frenar el gasto incontrolado.

Maniatados. Así se sienten de forma generalizada los alcaldes de la provincia cuando ven que no pueden gastar el sobrante de sus presupuestos en lo que realmente necesitan sus municipios. La causa es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, que mantiene bloqueados para gastos corrientes en torno a 200 millones de euros entre los ayuntamientos alicantinos y la Diputación de Alicante, según los datos estimados por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

La ley de Montoro que trae de cabeza a los alcaldes –y que encuentra también críticas entre cargos del PP– exige destinar el excedente presupuestario de años anteriores a dos cosas muy concretas: o a pagar deuda, o a realizar las llamadas inversiones financieramente sostenibles, que son aquellas que no conllevan un gasto añadido para su mantenimiento. Con estas imposiciones, muchos regidores denuncian que no pueden invertir en lo que realmente necesitan sus municipios pese a tener buena salud financiera.

Las quejas han llegado en masa a la FVMP, que iniciará en septiembre una campaña para pedir la derogación de la normativa, contra la que ya se ha manifestado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El presidente de la federación valenciana, Rubén Alfaro, señala que la ley nació con el fin de reducir el déficit público, «pero se ha demostrado que son solo los ayuntamientos los que están cumpliendo». «No se entiende cómo una administración local tiene ahora menos herramientas para sacar adelante los servicios que necesita teniendo dinero, porque al fin y al cabo son los alcaldes los que saben qué es lo que reclaman los vecinos y qué les hace falta, pero nos obligan a destinar el sobrante o a pagar deuda o a inversiones sostenibles, que no son fáciles ni de determinar ni de adaptar a las prioridades del municipio», destaca Alfaro.

Endeudados y saneados
En la localidad donde Rubén Alfaro es alcalde, Elda, el sobrante sobre el que no hay capacidad de decisión alcanza los 2.800.000 euros, de los que 300.000 se han dedicado a inversiones financieramente sostenibles. En Alicante, localidad sometida a un plan de ajuste, el excedente de los presupuestos alcanzó los 25 millones euros, de los que 18 se destinarán a liquidar una deuda con la mercantil Hansa por una sentencia judicial y siete a obras financieramente sostenibles. En Elche, otro municipio con una deuda tradicionalmente elevada, el remanente de tesorería de seis millones de euros se ha ido íntegramente a la amortización de esa deuda. El consistorio ilicitano no puede prever inversiones financieramente sostenibles al incumplir la parte que afecta a los préstamos pendientes del plan de pago a proveedores. En municipios turísticos, como Xàbia, las necesidades aumentan en verano con personal de salvamento, socorrismo o policías para las playas, sin que se pueda destinar a estos extras ni un euro de los 3,5 millones del remanente del año pasado, según incide el regidor de esta localidad, José Chulvi. «Los ayuntamientos aportamos a la reducción del déficit, mientras que eso no ocurre en comunidades autónomas ni en el Estado», afirma.

Localidades como San Vicente del Raspeig, con superávit, han visto que 3,5 millones de euros no han podido destinarse a gastos corrientes. «Aunque seas un municipio más o menos saneado no puedes tocar el dinero que te sobra para lo que te hace falta», incide el regidor sanvicentero, Jesús Villar. Otros pueblos como Crevillent o Redován han tenido un millón de euros de sobrante que no pueden tocar. El alcalde de este segundo municipio, Adrián Ballester, es crítico con la ley aprobada por su propio partido, si bien concreta que no es partidario de su derogación «porque también tiene cosas positivas». Sin embargo, alza la voz contra la atadura que supone destinar todo el excedente a amortizar deuda pese a ser las entidades locales «las que más estamos tirando del carro». Remarca que la ley nació en un momento de fuerte crisis económica para cumplir con las estrictas exigencias de Europa «pero se nos obliga a cumplir un objetivo de déficit cero que no cumplen otras administraciones». «Los ayuntamientos somos las que más exigencias tenemos pese a ser los que menos recursos tenemos», lamenta, aunque sí se muestra partidario de destinar el excedente presupuestario a inversiones sostenibles «para evitar caer en errores del pasado». Por su parte, en El Campello llevan cinco años con superávits millonarios y en 2014 se liquidó toda la deuda con los bancos, pero pese a ello la ley impide emplear el remanente en nuevas infraestructuras.

Descontrol

Estos ejemplos revelan las cortapisas de la ley a las inversiones municipales con dinero sobrante, que adquiere dimensiones elevadas en muchos casos, en especial en el de la Diputación de Alicante, con más de 70 millones de euros, de los que 32 se han ido a un plan de obras financieramente sostenibles. Cargos del PP lamentan sus consecuencias pese a suponer una herramienta «para frenar el descontrol». «Estamos más limitados desde un punto de vista práctico que hace años, cuando se gastaba a espuertas, pero esta es la ley que ha permitido reducir los asesores o bajar sueldos a políticos», señala un cargo del PP.

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