Imputan a la red de comisionistas de Alcón 8 delitos más en la pieza principal de Taula

El magistrado aprecia indicios de «comisión concertada que puede considerarse de criminalidad organizada»

24.08.2016 | 00:15

La pieza separada del caso Taula que investiga la red de comisionistas en el Ayuntamiento de Valencia, orquestada por la exconcejal Maria José Alcón, su exmarido Vicente Burgos, su asesor Pedro Aracil y el exyonki del dinero Marcos Benavent junto a siete empresarios, imputa a estos once acusados «los delitos de prevaricación y cohecho, en principio», según el auto del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia. Aunque no será la única acusación a la que se tengan que enfrentar esta decena de imputados.

En otro auto del magistrado que investiga el caso Taula, Víctor Gómez, en el que decide el decomiso de bienes inmuebles y financieros a todos los imputados en esta macroinvestigación añade ocho delitos más, que se investigan en la pieza principal aún secreta, a los de prevaricación y cohecho de los que acusa, por ahora, a los investigados en la pieza separada del Ayuntamiento de Valencia.

Así lo explica el propio magistrado en un auto dictado el pasado 10 de febrero. «En la presente causa, a partir del hallazgo de unas conversaciones grabadas por uno de los investigados, Marcos Benavent, y partiendo de ellas, tras las investigaciones consecuentes de llevadas a cabo por la Guardia Civil, aparecen indicios de la comisión de delitos de naturaleza económica y contra la Administración Pública». Es el catálogo habitual en este tipo de investigaciones: «son hechos que merecen la calificación indiciaria de aprovechamiento de información privilegiada, trafico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y falsedad mercantil o documental», a parte de la prevaricación y cohecho de los que se acusa a la red de mordidas en el Ayuntamiento de Valencia.

Se trata, explica el juez Víctor Gómez, de «delitos de una clara componente económica pero que, además, revelan indicios de comisión concertada y pueden considerarse como delitos de criminalidad organizada, susceptibles de integrar el antiguo tipo penal de asociación ilícita». De hecho, el magistrado considera que «un primer concierto delictivo» lo conformaron, «a partir del año 2005» «Marcos Benavent, Maria José Alcón (entonces concejala y de quién dependía también la Fundación Municipal de Cine), con su entonces marido, Vicente Burgos (que dirigía la Fundación Jaume II el Just) y Pedro Aracil, asesor de Alcón, para favorecer a determinadas empresas a cambio de comisiones».

Un delito de «asociación ilícita» que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan el caso Taula también achacan a la red de mordidas montada por Alcón en el Ayuntamiento de Valencia, entre otros hechos punibles. Cuando fue detenida el pasado 26 de enero, el atestado de los agentes que investigan delitos contra la administración incluyeron en la ficha de la exconcejala Maria José Alcón los presuntos delitos de «fraude, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y asociación ilícita», cometidos entre «2003 y 2015», además del cohecho y prevaricación que le imputa el juez en la pieza separada de los contratos municipales. En la misma tesitura se encuentra su exasesor, Pedro Aracil, a quien la Guardia Civil detuvo por los delitos de «fraude, tráfico de influencias, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales».

Y también el exmarido de Alcón, Vicente Burgos, acusado por la Guardia Civil de «fraude, cohecho, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias» presuntamente cometidos por el exgerente de la Fundació Jaume II el Just entre 2003 y 2007.

Por último, respecto a los empresarios detenidos el pasado 26 de enero e imputados en la pieza de las mordidas en el Ayuntamiento de Valencia, Carlos Turró Homedes, Alejandro Serra Nogués, Carlos Vicente Gil y Rafael García Barat, la Guardia Civil también les imputa los presuntos delitos de fraude, cohecho y falsedad en documento mercantil.

Por estos hechos, el titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia decidió decomisar las propiedades a los detenidos en el caso Taula. Una decisión «tendente a asegurar, en estimación primaria y proporcional, la responsabilidad civil que pudiera derivarse de su eventual responsabilidad penal» y que el juez calcula que puede ascender de 10 a 20 millones de euros. A algunos imputados como Maria José Alcón y su exmarido les impuso una fianza de 150.000 euros a cada uno. Ninguno la ingresó en el plazo establecido por el juez, por lo que el magistrado procedió a decomisar las propiedades inmobiliarias y productos financieros (excepto las cuentas corrientes) de los detenidos en el «Caso Taula» aunque sólo han trascendido las propiedades incautadas a los miembros de la red de mordidas municipal.

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