Aguantando la respiración han estado los concejales del Partido Popular de Valencia desde que Albert Rivera pusiera como condición para hacer presidente a Mariano Rajoy que éste apartara "a cualquier cargo, público o de partido, imputado por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial".
El líder de Ciudadanos ha anunciado este mediodía tras su reunión con Rajoy que el Pacto Anticorrupción será firmado mañana por ambos líderes. La suerte está echada para nueve de los diez concejales del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia, imputados por su supuesta implicación en un delito de blanqueo de dinero. Están acusados de haber colaborado en el "lavado" del dinero negro que presuntamente atesoró el partido cobrando comisiones a empresas a las que se favoreció en contrataciones públicas. Entregaron "dinero en blanco" y recibieron "dinero en negro". Unos hechos que, tras salir a la luz dentro de la investigación del caso Taula, llevaron a la dirección regional del PPCV, con Isabel Bonig a la cabeza, a intentar apartar a todos los implicados. Y todo, con el partido acusado formalmente de financiación irregular.
La negación de los nueve imputados a entregar las actas de concejales, el temor de que el Partido Popular se quedara sin representación en el consistorio de la tercera ciudad de España, y el "factor Rita Barberá" llevaron al traste la voluntad de Isabel Bonig de refundar el PPCV empezando por Valencia ciudad. Los concejales fueron suspendidos cautelarmente de militancia, pero desde Madrid no ejecutaron la expulsión del partido, y éstos siguen al frente del grupo municipal como independientes.
El caso Barberá
La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no está imputada por ningún tribunal. Sin embargo, todos los informes policiales y autos judiciales del caso Taula la sitúan, al menos, junto al resto de sus compañeros imputados. Su condición de senadora provoca que sólo pueda ser investigada o juzgada por el Tribunal Supremo. Y es precisamente por esto por lo que el magistrado instructor del caso ha enviado una copia de toda la documentación a Madrid. El Alto Tribunal debe decidir en septiembre si existen suficientes indicios como para imputar e investigar a la que fuera alcaldesa de Valencia durante 24 años.
