La reapertura de la nueva Radiotelevisión Valenciana -nomenclatura que ahora se ha sustituido por la de Corporació Valencia de Mitjans Audiovisuals- no está siendo un camino de rosas y a su puesta en marcha oficial, agilizada en el año del gobierno del bipartito, le están creciendo los enanos. A finales de julio,el primer trámite para la reapertura del ente público fracasó por los vetos a su presidente y miembros del consejo rector, lo que obligó a posponer la reactivación de las negociaciones para el mes de septiembre en búsqueda de un consenso para los nombramientos cuestionados. A este escollo de última hora se unirían las reticencias mostradas por el líder de Podemos en la Comunidad -formación que dio apoyo externo al gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra- respecto a la atención insuficiente que, considera, se le ha dado a los extrabajadores a la hora de su incorporación. A estos frentes se sumaron ayer buena parte de las asociaciones empresariales del sector audiovisual valenciano, que rechazaron en un comunicado que las contrataciones para la producción de contenidos de la futura Radio Televisión Valenciana se formalicen con productoras que no sean de la Comunidad.
Según estas asociaciones -entre las que se encuentran la Asociación Valenciana de Estudios de Animación (Animat); la Asociación Valenciana de Empresas de Producción Audiovisual y Productores Independientes (Avant), la Asociación Valenciana de Estudios de Doblaje y Sonorización (Avedis), la Asociación Valenciana de Empresas Productoras de Animación y la Asociación Productores Audiovisuales Valencianos- existe preocupación del sector tras la publicación en el Diari Oficial de la Comunidad (DOCV) de los proyectos seleccionados por el Alto Consejo Consultivo de radiodifusión y televisión para producir contenidos audiovisuales debido a que entre ellos hay productoras que no son de la Comunidad.
Estos proyectos se presentaron en mayo en una consulta de mercado convocada por la Generalitat para la producción de los futuros medios públicos. Según las citadas productoras, la selección de 502 proyectos afecta a buena parte de empresas de fuera de la Comunidad, como VIT Valencia, con un 70% de participación del grupo Mediapro, según afirman. Consideran que la contratación de firmas ajenas al territorio autonómico ya se puso de manifiesto con el vídeo «Orgull de ser valencians», al mostrar el Consell «falta de sensibilidad hacia nuestro agonizante sector», señalaron ayer las asociaciones citadas en un comunicado. «Aquí hay productores, empresas y profesionales capacitados para producir los contenidos necesarios para nutrir la parrilla de la futura televisión autonómica», reivindicaron. Estas empresas defienden que el Consell tiene la «obligación» de preservar, como administración autonómica, el tejido industrial propio después de la travesía en el desierto que para el sector audiovisual supuso el cierre de RTVV, por lo que piden rectificar «y que en el futuro próximo no se caiga en los mismos errores cometidos en el pasado».
El bloqueo de la RTVV se produjo a finales de julio por el veto del PP y C's al excorresponsal de Canal 9 en Bruselas, Josep López, como presidente el ente público. La idea de convocar tres plenos en dos días para forzar su nombramiento se apartó y hubo acuerdo entre los grupos de las Cortes en dejar los deberes sobre RTVV para septiembre. El segundo veto vino de la mano de Compromís y Podemos, quienes se niegan a que la exjefa de de Informativos durante la etapa de Francisco Camps, Maite Fernández, forme parte del consejo rector. Así, a la nueva RTVV volvía a salirse un nuevo quiste, después de curar, aunque no cicatrizar, el conflicto del bipartito con su socio externo, el líder autonómico de Podemos, Antonio Montiel, por la incorporación de los extrabajadores en puestos estables, algo sobre lo que ya se pronunció el Consell Juridic Consultiu (CJC), que manifestó que su reingreso sería inconstitucional.
