Hacienda rectifica y admite ahora que estudiará «caso por caso» el cierre de empresas públicas

El Ministerio envía una carta a los ayuntamientos afirmando que buscará «la solución más adecuada» para las firmas

15.08.2016 | 08:03

Marcha atrás del Ministerio de Hacienda. El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha remitido en los últimos días un escrito a los ayuntamientos alicantinos en el que abre la puerta a mantener abiertas las empresas públicas deudoras. Apenas dos semanas después de que el Gobierno pusiera en pie de guerra a las entidades locales de la provincia al exigirles el cierre de las firmas deficitarias en un plazo máximo de 15 días, Hacienda recapacita ahora. En el nuevo escrito, de dos caras y al que ha tenido acceso este diario, el Ministerio suaviza su postura. Admite que estudiará «caso por caso» todas las alegaciones de los consistorios y sostiene que buscará una «solución». «El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas velará, caso por caso, conforme a las alegaciones presentadas por los propios municipios, por la búsqueda de la solución más adecuada que permita conciliar los fundamentos legales con el uso adecuado de los recursos públicos», detalla en la carta. Y añade: «La Ley debe cumplirse con rigor, efectividad y dentro de la máxima eficiencia bajo los requisitos de singularidad y particularidad demostrada en la prestación del servicio público al ciudadano en todo el territorio nacional». Resumen: el Ministerio analizará las particularidades de cada caso y adoptará entonces la decisión. O decreta el cierre de la empresa, o autoriza que siga abierta a pesar de arrojar números rojos.

Con esta decisión, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, perteneciente al Ministerio de Hacienda y dirigida por Antonio Beteta, pretende aplacar los ánimos de los ayuntamientos. Y es que en los últimos días han sido multitud de alcaldes los que se han rebelado contra el cierre de empresas públicas. En la ciudad de Alicante, sin ir más lejos, el Gobierno dio orden para cerrar el Patronato Municipal de Educación Infantil –que gestiona dos escuelas–y la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social –que gestiona ayudas y formación para 3.000 desempleados–. Nada más tener conocimiento de esa exigencia, Gabriel Echávarri (PSPV) dijo que no. Se plantó ante Montoro y anunció que no las cerraría. Hasta el grupo municipal del PP secundó al día siguiente esa postura.

En Elche ocurrió algo similar. Hacienda remitió un escrito a la ciudad ilicitana y la instó a clausurar Visitelche, la firma encargada de la promoción turística. Pero el tripartito –PSPV, Compromís y Partido de Elche– dijo no.

Esa misma situación se repitió en multitud de corporaciones locales de la provincia. Tal fue la reacción que hasta el Ministerio se ha visto ahora obligado a matizar sus palabras. «La aplicación de la normativa no persigue "agravios" o "enfrentamiento" ni pretende "utilizar" a la Administración local, que es la que mejor se ha comportado en el cumplimiento de los objetivos de déficit dentro del Procedimiento del Déficit Excesivo en el que se encuentra España, como excusa ante nadie», sostiene en la nueva carta.

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