Las condiciones de Albert Rivera para alcanzar un acuerdo de investidura con los populares ponen entre las cuerdas a un alcalde del PP en la Vega Baja y siembran dudas en uno de sus diputados provinciales.
El PP mantiene en su cargo al alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, acusado formalmente por la Fiscalía por una de las dos causas que tiene abiertas por presunta corrupción. Si llegara a juicio, supondría tocar la línea roja de los estatutos nacionales del PP, si bien pasa con creces las limitaciones que el PP de Alicante puso a sus cargos electos, que firmaron su renuncia si eran investigados. La alianza con C's pondría en un brete a Ramírez y sembraría la duda sobre uno de sus diputados provinciales: el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, encausado por prevaricación. Sus problemas con la Justicia por presuntos enchufismos le situaron junto a Agustín Navarro en uno de los momentos más polémicos de la conformación de la Diputación. El entonces diputado por C's, Fernando Sepulcre -actualmente diputado no adscrito- dio por roto el pacto con el PP para investir a César Sánchez como presidente de la Diputación al mantener a Cano (PP) y a Navarro (PSOE) con cargo y sueldo público pese a estar investigados, aunque ambos han defendido siempre que sus causas están en la línea administrativa y no en el ámbito de la corrupción.
El Partido Popular tuvo que hacer «limpión» de cargos imputados por corrupción en las últimas autonómicas después de que numerosas causas judiciales salpicaran a sus dirigentes en toda la provincia (entre ellas las que afectan al expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, o a la exalcaldesa, Sonia Castedo, investigada por el Plan General de Alicante). Otros cargos del PP ya no militan en la formación, como la edil de Orihuela, Pepa Ferrando, imputada por presuntas irregularidades con contrataciones para Fitur. En otros casos, como el del exalcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez, el exdirigente popular tuvo que retirarse por una condena por corrupción.
