Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Alicante, José Chulvi, y la portavoz del grupo de Esquerra Unida, Raquel Pérez, han alcanzado un acuerdo para poner en marcha la comisión que investigará la gestión de los últimos 12 años del Partido Popular en la Diputación de Alicante después de que ésta lleve bloqueada desde el pasado mes mayo.
Los socialistas y la diputada de EU han acordado sumar fuerzas para forzar la primera convocatoria del órgano fiscalizador sin necesidad de contar con el PP, al que acusan de desidia. Según los portavoces de ambos partidos, si el equipo de gobierno sigue sin mover ficha durante el mes de septiembre una vez vuelva la actividad al Palacio Provincial, las dos formaciones utilizarán su derecho legal de reunir a un tercio de los miembros de la corporación para su convocatoria.
Esta cuota de diputados permite a la oposición activar uno de los compromisos que asumieron los populares en mayo, que votaron a favor de su creación en el pleno provincial para no quedarse fuera de una propuesta que llegó al Palacio Provincial de la mano de Compromís. «Es un mecanismo legal del que disponemos para desbloquear situaciones que no le interesan al equipo de gobierno, como parece ser el caso», señaló a este diario la diputada de EU.
Raquel Pérez ya remitió un escrito en julio reiterando al PP que pusiera en marcha el órgano fiscalizador después de que hayan transcurrido tres meses de su aprobación por el pleno de 4 de mayo. «Los acuerdos plenarios se tienen que cumplir y máxime cuando se trata de un foro que pretende clarificar el funcionamiento de esta institución», señaló la diputada, quien ya avisó a los populares mediante un escrito de que contaba con el respaldo del tercio de la corporación que permitiría a la oposición convocar la comisión si el PP seguía paralizando su puesta en marcha.
El acuerdo, por número, tenía que alcanzarse con los socialistas, quienes respaldaron la propuesta de la diputada al entender que el PP está ralentizando la investigación de la gestión de su partido en dos mandatos anteriores -el de José Joaquín Ripoll y el de Luisa Pastor- pese a haber apoyado la constitución de este órgano fiscalizador.
La comisión de investigación de los últimos 12 años de la gestión de los populares en el Palacio Provincial es una propuesta de Compromís que nació a principios de este año y que se gestó para ahondar en el esclarecimiento de contrataciones y la adjudicación de obras. Cabe recordar que la etapa del expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, está cuestionada después de ser procesado por las supuestas irregularidades en la adjudicación a Enrique Ortiz del Plan Zonal de Residuos para la Vega Baja, que suponía la construcción y gestión de toda la infraestructura pública para el tratamiento de residuos de esta comarca. La propuesta de Compromís no pudo salir adelante por el voto de C's ya que su exdiputado, Fernando Sepulcre, actualmente diputado no adscrito tras abandonar su partido pero no el acta, tumbó la moción para su creación y propuso una auditoría, una decisión que siempre achacó a una instrucción del que fuera su partido. Finalmente, la interventora entendió que no era posible hacer una auditoría externa y Sepulcre y Raquel Pérez llevaron sendas mociones al pleno para crear una comisión, que fue finalmente aprobada por unanimidad.
El otro frente que tendrá que resolverse es el de la presidencia de este órgano. El PP señaló a Sepulcre como presidente de la misma, pero tras su condición de tránsfuga los populares han mostrado sus dudas al respecto. Esta comisión supondría investigar la etapa en la que Ripoll fichó para la Agencia Provincial de la Energía a Emigdio Tormo, coordinador provincial de C's, con quien Sepulcre no tiene buena relación.
