La Comunidad Valenciana se sitúa como la tercera comunidad más morosa por detrás de Extremadura y Aragón con una demora de 99 días en el pago a proveedores, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. La Comisión Europea ha iniciado una investigación sobre la morosidad pública ya que el plazo medio de pago de las administraciones duplica el límite legal de Directiva. Ante los 30 días de retraso permitidos en el marco legal, la media española alcanza los 75, situación que, a pesar de haber mejorado la cifra de 162 días en 2011, sigue siendo desorbitada. El Ministerio de Justicia es el que más tarda en abonar las cantidades, alcanzando los 87 días en el pago de inversiones reales y los 77 en gastos corrientes.
Europa investiga posibles irregularidades en el plazo de pago de facturas a los proveedores y vigila la adecuación de las administraciones a la normativa europea en cuanto a los plazos de abono máximos.
