La Diputación de Alicante aprobó ayer en un pleno extraordinario -la única sesión plenaria prevista para este mes de agosto en el Palacio Provincial- destinar 230.000 euros a la implantación de señalización que advierta de la presencia de ciclistas en las carreteras dependientes de su red provincial con el fin de mejorar la seguridad vial de las personas que se desplazan en bicicleta. Esta actuación fue posible debido a una modificación presupuestaria de un millón de euros que fue aprobada por unanimidad en un pleno de urgencia que duró 28 segundos.

El único punto del orden del día era abordar la quinta modificación de créditos de este ejercicio «para dar cumplimiento al objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto», según explicó el portavoz del PP en la Diputación de Alicante, Carlos Castillo. Esta modificación del presupuesto permitirá instalar señales informativas dirigidas a los usuarios de la bicicleta sobre los itinerarios posibles y las características de la vía.

El objetivo de esta acción, según indicó el diputado de Carreteras, Juan Molina, una vez concluyó la fugaz sesión, es «mejorar la seguridad y reducir la siniestralidad en las carreteras cuyo mantenimiento y conservación gestiona la institución».

El proyecto -que se financiará con el remanente de tesorería como inversión financieramente sostenible- contempla la implantación de señales en los tramos con mayor presencia de bicicletas que adviertan de su presencia para que los conductores extremen la precaución. Además, se prevé la implantación de cartelería o señalización que mejore la información que los distintos usuarios puedan necesitar sobre los itinerarios posibles. Los carteles recogerán diferentes datos como el tipo de vía por el que se circula, la pendiente media o la distancia hasta la cima, según indicaron desde el equipo de gobierno. Así, el objetivo también es incidir en las zonas de mayor afluencia cicloturista, como son las comarcas de la Marina Alta y Baixa.

La modificación presupuestaria aprobada en el pleno también ha conllevado, por otro lado, un reajuste del presupuesto del Plan Financieramente Sostenible a las demandas y peticiones que han trasladado los ayuntamientos. Este programa establecía una convocatoria general de subvenciones dotada con 19,5 millones de euros en la que se fijaban cuatro grandes líneas de actuación -Carreteras, Ciclo Hídrico, Cooperación y Medio Ambiente-, dejando a los ayuntamientos la libertad de elegir a cuál o cuáles de ellas destinar la inversión que les correspondía.

Una vez conocidas estas peticiones se ha hecho necesario reajustar la consignación de los créditos a cada área con el objetivo de atender las demandas expuestas por los ayuntamientos y agilizar la tramitación de las ayudas, según explicó el diputado Carlos Castillo.

La Diputación Provincial aprobó en mayo el mayor programa de inversiones para 2016 con un total de 31 millones de euros a repartir entre los 141 municipios de la provincia. Se trata del denominado Plan de Obras Financieramente Sostenibles, conocido por ser el «plan estrella» de la Diputación.

Entre las actuaciones más destacadas figuran la construcción de la primera fase de la vía verde Alicante-Elche con un carril bici ante la sede de la Euipo -anterior Oami- por un millón de euros. Se trata de una de las ayudas «mejor» dotadas por su cuantía, y que ocasionó malestar en el equipo de gobierno de Elche, que denunció que este plan otorgaba mucho dinero a municipios como Orihuela, Alicante o Benidorm y muy poco (500.000 euros) a la ciudad ilicitana, según entendió el alcalde de la localidad, Carlos González, que acusó a César Sánchez de ser arbitrario con las ayudas.