Pasado el mediodía del último día hábil de julio, la vicepresidenta, Mónica Oltra, anunciaba, junto a una veintena de acuerdos más, que el Consell acababa de autorizar un suplemento de crédito de 841 millones de euros para tapar agujeros de años anteriores. La nota oficial añadía que la mayor parte del dinero se destinaba a pagar gasto sanitario.

Pero la letra pequeña de la decisión adoptada por el Ejecutivo resulta muy ilustrativa de cómo los antecesores del actual gobierno gestionaron el gasto sanitario durante la década y media anterior.

Parte de ese dinero asignado a pagar compromisos adquiridos en ejercicios anteriores viene a cubrir, entre otros, adquisiciones de material sanitario de primera necesidad (gasas, tiritas, instrumental para curas?) realizadas entre 2002 hace ahora 14 años y 2008 y usados en ese tiempo.

En concreto se trata de una de las últimas cuotas, de 95,8 millones de un acuerdo de pago aplazado de facturas sanitarias que no se abonaron durante ese sexenio y que después se quedaron sin cobertura presupuestaria.

Lo llamativo del caso es que los proveedores del material sanitario sí cobraron en su día a través de entidades bancarias con las que el Consell acordó que adelantaran el dinero, que la Generalitat devolvería después y que lo lleva haciendo desde entonces. De hecho, este gasto de entre los años 2002 a 2008 va a quedar prácticamente liquidado con este dinero según varias fuentes.

Pagar un crédito con otro

Sin embargo, hay otro dato añadido que ilustra la situación en la que se encuentran las arcas de la Generalitat. Ese suplemento de crédito de 841 millones se materializa con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por lo que las deudas contraídas con los bancos por aquellos gastos sanitarios de hace década y media se van a liquidar con cargo a otro préstamo, en este caso el que el Gobierno de España envía para que la que la Comunitat Valenciana pueda hacer frente a sus obligaciones, una situación directamente relacionada con la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana, que es, junto a Murcia, la peor financiada.

¿Pero cómo es posible que gasto sanitario incurrido en 2002 llegue sin liquidar a 2016? Lo explica todos los años el informe de la Sindicatura de Comptes en el apartado «convenios de deuda sanitaria». El órgano fiscalizador señala que este apartado recoge «la deuda sanitaria constituida por las obligaciones derivadas de servicios y suministros realizados por diversas empresas a lo largo de varios años que no fueron reconocidas en los presupuestos de los ejercicios correspondientes», pero que se pagó con acuerdos a través de entidades bancarias, un hecho que ha sido objeto de crítica en los informes de fiscalización desde 1998, cuando la práctica de ocultar gastos sanitario empezó a coger fuerza en las finanzas valencianas. Tanta fuerza cogió que la ocultación sistemática de facturas sanitarias acabó por desdibujar el déficit que España presentaba a Bruselas cada año, lo que ha motivado una multa de 19 millones de euros, que el Gobierno de Rajoy ya tiene decidido deducir de las transferencias que aporta a la Generalitat Valenciana.

Concesiones sanitarias

Mientras, entre los pagos que el Consell realiza a cuenta del FLA sobre gastos pendientes de cobertura presupuestaria figuran 54 millones de euros para pagar a las empresas que gestionan las concesiones sanitarias valencianas. El pago estaba pendiente de diciembre de 2015, según el detalle del acuerdo adoptado por el Consell de este pasado viernes.

Según el Consell, el pleno autorizó un suplemento de crédito por valor de 841.448.594 euros para poder contabilizar ese dinero de la cobertura de servicios públicos de la Generalitat en el presupuesto del ejercicio de 2016, aunque se abonarán con cargo al FLA extraordinario destinado a cubrir parte del déficit no autorizado del ejercicio de 2015. De los 841 millones, el 60%, unos 555 millones, se destinarán al área de Sanidad. La cantidad restante es para las áreas de dependencia, vivienda y a gastos varios.