Las puertas se le van cerrando a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá por el caso del pitufeo: las donaciones de mil euros de concejales y asesores del PP devueltas supuestamente después por el partido en billetes de 500. El último paso en esta secuencia lo ha dado la Fiscalía, que ha solicitado al Tribunal Supremo que abra causa contra la actual senadora del PP por un presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el ayuntamiento. Los hechos se enmarcan en la operación Taula, derivada del caso Imelsa.
El ministerio público solicita en un escrito remitido al alto tribunal que designe un magistrado instructor.
El juez de instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, encargado de la investigación, envió al Supremo la parte de la investigación que afecta a la senadora el pasado mes de abril.
En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de mil euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.
El magistrado consideraba en su exposición que habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de mil euros por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también efectuaron el pago antes de las elecciones de 2015, sería «incoherente» no elevar exposición al Supremo, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la senadora, que tiene la condición de aforada.
El juez, no obstante, señalaba que ni las dos personas investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación han realizado una imputación concreta con respecto a la participación de la exalcaldesa en los hechos.
El instructor detallaba en el escrito las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incidía en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster.
Apuntaba que Barberá era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo y existía, además, una relación personal de «estrecha confianza» entre ambas. Fuster se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.
Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá la opción de declarar,. La senadora presentó un escrito en el que reconocía la aportación del dinero para la campaña de 2015, aunque negaba que se lo reintegraran, explicaciones «insuficientes» para excluir su posible implicación, según el juez.
