El pleno de las Cortes validó ayer, con los votos a favor de todos los grupos salvo el PP, que se ha abstenido, el decreto ley 5/2016 para la agilización de la tramitación de la renta garantizada de ciudadanía ante la situación de emergencia social. La encargada de presentar este decreto al pleno ha sido la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien recordó que desde la creación de este subsidio, en 2007, «la Comunidad ha sufrido un empobrecimiento que oscila entre el 34 y el 36 %, con un 40 % de pobreza infantil y un 62 % en familias monoparentales». Una de las principales novedades que introduce el decreto es que la falta de un plan de inserción familiar -redactado por los servicios sociales locales- no paralizará la tramitación de la renta
Para la diputada del PP María José Catalá, este decreto se ha tramitado con deficiencias formales y carece de cuestiones, a su juicio esenciales, como establecer orientaciones laborales previas vinculadas al cobro de la renta. La socialista Concha Andrés justificó el apoyo de su grupo a esta iniciativa en la necesidad de corregir la situación en la que se encontraron miles de valencianos desde 2008, que «obtuvieron la callada por respuesta cuando acudían al último escalón de protección social». Para Mónica Álvarez, de Compromís, la situación «límite» actual requiere «una respuesta ágil e inmediata. No queremos poner parches». Alberto García, de C's, comprometió el voto favorable de su grupo pero ha cuestionado «por qué se tarda tanto tiempo en vencer al caos, en hacer frente a este asunto que perjudica a los más desfavorecidos».
