El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le carga a la Generalitat hasta «sus» fallos en la gestión del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) -eufemismo con el que se esconde el rescate a los gobiernos regionales- con una factura de 628.000 euros, la friolera de 100 millones de las antiguas pesetas, por una mala operación de Madrid, según se desprende del cruce de cartas entre ambas administraciones al que ha tenido acceso este periódico. En esa misiva remitida por el ICO a la Generalitat el pasado mes de abril se informaba de que en el mes de febrero la administración encabezada por Ximo Puig se había demorado en el pago de un vencimiento de deuda por importe de 390 millones. Efectivamente se había retrasado pero por culpa de Madrid que, en ese momento, no tenía aún en marcha los mecanismos del rescate para 2016 a pesar de que la Generalitat se había adherido al sistema desde el año anterior. Resultado: un fallo de la Moncloa «afecta» al dinero de los valencianos, denuncia la conselleria. «Ellos gestionan mal y nosotros pagamos», subrayó Vicent Soler, titular de Hacienda.

La Generalitat no tiene posibilidad de salir a los mercados de deuda para mantener el «día a día» de su gestión económica salvo con el aval del Estado. Y, además, depende casi en exclusiva de las aportaciones del rescate para disponer de liquidez a la espera de un cambio del actual modelo de financiación autonómica, que perjudica en casi 1.300 millones anuales a la Comunidad. Por eso y con esa situación financiera tan crítica, desde el 24 de julio de 2015 la Generalitat había renovado su adhesión al FLA de 2016, al tiempo que comunicó la relación de pagos que debía realizar a los bancos y que se tenían que financiar a través de ese mecanismo. El 19 de febrero vencía una cuota de amortización de 390 millones. Pero, sin embargo, el Gobierno de Madrid no había activado los mecanismo para cumplir con la Generalitat y se produjo un retraso en el abono de esa cantidad.

Hasta cuatro días más tarde, de hecho, la Generalitat no recibió la comunicación del Ministerio de Hacienda de que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se había reunido el 11 de febrero para aprobar y distribuir el Fondo de Liquidez. Y hasta el 21 de marzo no se llegó a formalizar el contrato de préstamo entre el ICO y la Generalitat, de forma que hasta tres días más tarde no fue atendido el vencimiento. A consecuencia de la demora, el Gobierno le reclamó los intereses al Consell. El Ejecutivo que dirigen Ximo Puig y Mónica Oltra reclamó, por su parte, a través de otra carta, que no le cobraran esta penalización al tratarse de un retrasos ajeno a la gestión de la Generalitat. Pero, sin embargo, el Ministerio de Hacienda, con Cristóbal Montoro a la cabeza, no está dispuesto a ceder: o la Generalitat paga los 628.000 euros; o se lo descontarán directamente.