Oltra anuncia más decretos para intervenir dinero de la Diputación en política social

La vicepresidenta asegura que el Consell «quiere poner racionalidad» y acusa a las instituciones provinciales de «no transferir recursos a los ayuntamientos»

23.07.2016 | 10:12
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, instantes antes de iniciar su intervención ayer en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

Asume que no podrá cumplir la Ley de Dependencia hasta 2018.

La guerra que mantienen la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante está muy lejos de tocar a su fin. Si hace una semana el Consell de Ximo Puig anunció en Torrevieja que impulsará un fondo de 80 millones para los ayuntamientos con dinero de las tres instituciones provinciales, la vicepresidenta, Mónica Oltra, dio a conocer ayer que su conselleria está trabajando en nuevos decretos de coordinación con las diputaciones para políticas sociales. Oltra realizó este anuncio en Alicante, donde clausuró el foro «Diàlegs d'estiu», por el que han desfilado todos los consellers a lo largo de la semana.

La titular de Igualdad y Políticas Inclusivas no profundizó en exceso en esos decretos, aunque sí defendió que las corporaciones provinciales han de colaborar económicamente con el Gobierno valenciano con el objetivo de que los recursos «se inviertan de manera equitativa». «Queremos poner racionalidad», sentenció Oltra al ser cuestionada sobre si era partidaria de suprimir las diputaciones. La vicepresidenta eludió responder de manera directa a esa pregunta, aunque insistió en que su cometido debe ser «transferir los recursos a los ayuntamientos, y eso no está pasando».

Tanto la intervención inicial de la también portavoz del Ejecutivo como la mayor parte de las preguntas que se le formularon con posterioridad versaron sobre política social. Su área. Y ofreció datos llamativos. Uno de ellos, que cuando tomó posesión, se topó con que había 45.000 personas en situación de dependencia que no se encontraban dentro del sistema. Es decir, que no percibían la prestación que legalmente les corresponde. Muchas de ellas tendrán que esperar todavía varios meses. ¿Por qué? Porque los medios humanos con los que cuenta la Generalitat son por ahora insuficientes. Es más, Oltra incluso anunció que la Comunidad Valenciana no podrá cumplir al cien por cien la Ley de Dependencia hasta 2018. «Nos hemos propuesto cumplir con la ley a finales de 2018. Nuestra previsión es que de esas 45.000 personas, se puedan incluir en el sistema 15.000 cada año. Y a esa cifra hay que unir otros 7.500 expedientes más que se suelen tramitar de media cada año», explicó.

La portavoz del Consell también quiso poner en valor que sean ahora los servicios municipales los que se encarguen ahora de realizar las valoraciones de dependientes en la provincia. «Permite agilizar la valoración», justificó. Además anunció que en 2017 se prevén reforzar las plantillas con «equipos multidisciplinares» y lamentó la herencia del PP: «En dos años no se hizo ni una sola valoración en Alicante».

La renta garantizada de ciudadanía también copó buena parte de su discurso. «Nos encontramos con que había 20.000 personas en lista de espera. Hoy (por ayer) hemos aprobado un decreto-ley para agilizar los plazos y estamos elaborando una nueva ley para combatir el empobrecimiento», zanjó.

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