El exconcejal del PP de Alicante José Antonio Sobrino ha sido citado a declarar como investigado (antes imputado) por el modo en que se contrató el montaje de una feria outlet que se celebró en el puerto en octubre de 2009. La citación de quien fuera responsable de Comercio con la exalcaldesa Sonia Castedo se produce después de que a principios de mes compareciera ante el instructor de este proceso un técnico municipal, quien declaró que él se limitó a resolver lo que Sobrino había firmado. El magistrado, que investiga estos hechos como pieza separada de la causa abierta por la adjudicación de la contrata de infraestructuras festivas del Ayuntamiento de Alicante a la mercantil Isjoma, considera que «existen indicios suficientes para considerar la posible existencia de irregularidades en la adjudicación de los contratos (...) y el fraccionamiento de los trabajos que inicialmente fueron presupuestados por Alavés Montajes S. L. (el adjudicatario y denunciante de estos hechos) llevándose a cabo su contratación como contratos menores cuando el importe del presupuesto excede los límites legalmente establecidos para dicha forma de contratación».
El magistrado considera que se ha constatado que la contratación del evento por parte del Ayuntamiento se llevo a cabo mediante cuatro contratos (por los importes de 5.800, 8.900, 5968 y 9.863 euros) cuando por la documentación aportada así como por las declaraciones del técnico imputado y del denunciante queda clara la existencia de un presupuesto realizado por Alavés Montajes S. L. por importe de 48.731 euros «no habiéndose dado razón suficiente del fraccionamiento de los distintos trabajos por los que finalmente se llevó a cabo la contratación como contratos menores», recoge el juez en su auto.
El representante de Alavés ratificó ante el juez que el técnico le había pedido que aportara facturas emitidas por terceros que no habían intervenido en esa ejecución al haberse adjudicado como contrato menor en vez de seguir un procedimiento negociado, lo que obligaba a convocar a varias empresas, que no se hizo.
El técnico declaró que tuvo que asumir unos pagos que autorizó el entonces edil sin haber consultado previamente a los técnicos. Y agregó que lo que en principio iba a ser una aportación mínima por parte del Ayuntamiento, lo que no hubiera hecho necesario acudir a un procedimiento negociado, fue aumentando al echarse atrás la mayoría de los patrocinadores que se habían comprometido a sufragar los gastos, de los que al final sólo quedaron dos: la CAM y la Cámara de Comercio, que aportaron en total 24.000 euros de los 48.000 que supuso el montaje de las instalaciones. Una diferencia que tuvo que asumir el Ayuntamiento y que superaba los 18.000 que permiten una adjudicación directa. Fue en este marco, según dijo el funcionario, en el que se le pidió a Alavés que para cobrar presentara facturas de otras empresas.
