El conseller Manuel Alcaraz apostó por una administración valenciana que ponga «cortafuegos» no sólo para acabar con todos los casos de corrupción sino también como el caldo de cultivo para crear una «ética pública» en la sociedad que «rescate» la democracia después de las dos décadas de gobierno del PP.
El titular de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación detalló durante su intervención en la penúltima jornada de Diàlegs d'Estiu todas las medidas de su departamento para poner coto a los comportamientos alejados de las buenas prácticas en la acción pública.
Citó, entre otras actuaciones, el nuevo portal abierto de la Generalitat, el convenio firmado con Transparencia Internacional o la elaboración de un programa piloto que incluye medidas de control para garantizar la integridad en las adjudicaciones impulsadas desde la administración valenciana.
«Estamos generando entornos que sirvan de cortafuegos para ir creando una ética pública que rescate la democracia y, por tanto, el estado social», explicó Alcaraz que fue presentado por Manuel Marco Such, presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, una de las entidades más críticas con proyectos urbanísticos como el plan Rabasa.
El conseller alicantino defendió el «sentido» que tiene su departamento -muy atacado desde las filas del PP- para «afrontar el descrédito de la política». «Estamos para reconstruir el sentido de las buenas prácticas y atender las demandas de la ciudadanía», zanjó.
De las otras tres patas de su conselleria, Alcaraz destacó, por ejemplo, el anteproyecto de ley de Responsabilidad Social, que se encuentra en fase de debate en estos momentos. De Cooperación fue contundente a la hora de asegurar que seguirá «trabajando para restaurar el honor de la política valenciana en esta materia después de la herencia terrible de Blasco», en una referencia a la trama de corrupción que se montó en este departamento durante la etapa del PP con un fraude en los fondos destinados, en un principio, al tercer mundo pero que, sin embargo, fue a parar a operaciones inmobiliarias de empresarios afines a los populares.
Habrá, explicó Alcaraz, una nueva Ley de Cooperación, el retorno de ayudas para las ONGs y la implantación de los objetivos sostenibles de la ONU en la gestión de la Generalitat. Finalmente, anunció que está trabajando en el decreto para crear el consejo de participación ciudadana y, a medio plazo, también se comprometió con la redacción de una nueva legislación en esta materia.
A modo de balance de las jornadas, que hoy se cerrarán con la vicepresidenta Mónica Oltra, el titular de Participación aseguró que «se ha cumplido con las expectativas» y valoró, al tiempo, las «alianzas» que se han establecido con asociaciones, colectivos e instituciones. «Se trata de ejercer la acción política más próxima a los intereses y las necesidades de la sociedad. Cuando la democracia se convierte en algo muy jerárquico entre gobernantes y ciudadanos, las cosas comienzan a ir muy mal», concluyó el conseller.
