Después de un año de batalla, de ataques y de distancia, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el titular de la Diputación, César Sánchez, se han dado una oportunidad para intentar limar asperezas y tratar de abrir una etapa de cooperación. Superar la etapa de las contiendas electorales parece haber ejercido como bálsamo para tratar de recomponer los puentes que la tensión de las urnas siempre acaban por destruir. Ni Ximo Puig tenía previsto visitar la Diputación ni tampoco César Sánchez el Palau de la Generalitat. Pero una breve conversación en Calp, localidad de la que Sánchez a su vez es alcalde, sirvió para empezar a perfilar, quizá, un nuevo decorado en las relaciones entre ambas instituciones.

Ni en un bando ni en otro se echaron las campañas al vuelo. Hay mucha distancia todavía. Y muchos recelos. Pero para empezar a caminar, siempre, es necesario dar el primer paso. Ximo Puig acudía a Calp con motivo de la inauguración de la línea del Tram que une el municipio con Altea. Y la buena noticia que supone, en todo caso, la inauguración de una infraestructura, quizá, les sirvió a César Sánchez y al titular de la Generalitat para compartir unos minutos de confidencias. Hablaron de desbloquear de inmediato el plan de empleo conjunto entre ambas instituciones. Ya se produjo, de hecho, el lunes un contacto entre la corporación provincial y el conseller de Economía, Rafa Climent, para abordar el asunto. Pero, además, ambos mandatarios se emplazaron a mantener más conversaciones tras el verano que deberían culminar, en un momento aún por determinar, en una reunión a dos bandas entre Puig y Sánchez.

Las buenas intenciones fueron, incluso, un poco más allá. Las dos partes hablaron de una relación de cortesía absoluta durante ese intercambio entre ambos dirigentes y de la necesidad de «respeto institucional». Abierta la vía, habrá que esperar el camino al que conduce ese acercamiento y si, finalmente, acaba cuajando. Hay cargas de profundidad que siguen minando la vía de la relación entre el Consell que comparten los socialistas y Compromís y la Diputación de Alicante, el principal feudo de poder institucional que le resta al PP en toda la Comunidad Valenciana. Ayer mismo se confirmó que la corporación provincial alicantina recurrirá la resolución judicial que avala la legalidad del decreto turístico y descarta, como pedía la corporación provincial alicantina, aplicar una suspensión cautelar en tanto los tribunales entran en el fondo del asunto.

Los abogados de la Diputación apuntan que, en tanto que la ley se aprobó en 1983 y ha estado sin desplegarse durante 33 años, no pasaría nada si se alarga hasta que resuelvan los tribunales. Un recurso de reposición ante la misma sala con poco recorrido. A su vez, Ximo Puig tendrá que mantener toda la artillería apuntando con intensidad absoluta contra Madrid, como hizo durante su visita de ayer a Calp, para reclamar al posible gobierno del PP el cambio del sistema de financiación autonómica. Pese a todo, un claro parece que se empieza abrir en el horizonte.