A la vuelta del verano, la conselleria dirigida por Vicent Marzà, pondrá encima de la mesa la primera Ley de Educación de la Comunidad Valenciana. Una fórmula que le permitirá agrupar y ordenar toda la normativa escolar autonómica -desde el plurinlingüismo hasta los horarios pasando por la elección de centro- para estirar al máximo las competencias de la Generalitat frente, por ejemplo, a la Lomce, que con un nuevo gobierno del PP en Madrid tiene visos de continuar con vida. Durante casi una hora y media, el titular Educación, Cultura, Investigación y Deporte, Vicent Marzà, se sometió a las preguntas -alrededor de cuarenta- de ciudadanos que acudieron a la segunda jornada del foro Diàlegs d'Estiu, organizado por la conselleria de Transparencia en la Seu Universitària de Alicante.

El titular de Educación apostó por ref0rzar un modelo educativo que apueste por los «derechos» y que acabe con los «privilegios». «Hemos pasado de la ocurrencia a la estratega y hemos dejado el clientelismo», reiteró antes de hacer autocrítica al indicar que «hemos fallado» en aspectos relacionados con la tramitación burocrática de algunas normativas administrativas. «No se puede hacer todo en un año», apuntó el conseller que reiteró su compromiso por acabar con la inercia que se había instalado en la conselleria durante las dos décadas de gestión del PP. Marzà se mostró muy firme en los dos ejes que más polvareda han levantado de su gestión. Por un lado, el multilingüismo con requisito lingüístico antes de 2019 para todos los que quieran acceder a un empleo público y ayuda al 30% de los que todavía no lo conocen pero trabajan en la administración autonómica.

Un sistema educativo, dijo, que permita dominar valenciano, el castellano y el inglés. «Se habla de imposición cuando es al contrario. Queremos que el conjunto no se divida sino que se una y acceda a los mismos derechos para, por ejemplo, acceder a los empleos de la Función Pública independientemente de que se provenga de un territorio valencianoparlante o no», dijo antes de rematar que las dos lenguas oficiales deben «ser puentes y no torres» para la «igualdad». Haciendo, explicó, «mucha pedagogía», se mostró firme a la hora de acabar la exención lingüística de la Vega Baja -los alumnos que la solicitan ahora no llegan ni al 2%- y achacó la reacción en la Vega Baja a «la demagogia del PP» y a «ámbitos partidistas». «Es una oportunidad», insistió el conseller que recordó que los populares ya impulsaron en 2012 acabar con la exención. «Están pidiendo que no se haga lo que ellos mismos aprobaron», ironizó Marzà.

Sobre la otra otra gran polémica de su mandato -la educación concertada-, el conseller de Educación también se mostró contundente: actuará en los casos en los que no se cumpla la ley. Y la legislación, explicó, contempla «claramente» que para que un servicio público sea prestado por una empresa privada «hay que tener un número mínimo de alumnos». «Si esta cifra es inferior es que ese servicio no se presta con la eficiencia que necesita un sistema concertado», justificó al tiempo que alertó de que no consentirá que se cobre a los padres de los concertados. Entre las tareas que tiene por delante: un plan para reparar la mitad de los centros escolares con criterios «objetivos» y no de «afinidad» como ocurría, deslizó, durante la etapa de gobierno del Partido Popular.