La Diputación aguanta, de momento, el pulso y mantendrá la batalla legal con la Generalitat por los decretos de coordinación turística, una norma que permitirá al Consell, incluso, disponer de los presupuestos de la corporación alicantina. «No compartimos ni el fallo judicial ni la fundamentación de la sala, y conforme a derecho presentaremos un recurso de reposición con el objetivo de hacer entender a la sala que el criterio que debería atender esa medida no ha sido estimado suficientemente», avanzó Carlos Castillo, vicepresidente económico de la corporación provincial y portavoz del PP. Elevar el tono con un contrataque judicial y contundencia dialéctica fue la réplica que el equipo provincial de los populares utilizó para rebatir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de dar el visto bueno a ese decreto del Consell y rechazar, por extensión, la pretensión de la Diputación de que se suspenda.
Durante una comparecencia en el Palacio Provincial, Castilló cargó con dureza contra la Generalitat. «Esos decretos no son la manera más adecuada de coordinar las acciones de las administraciones y entendemos que hay base legal y también jurisprudencia para obtener la nulidad de los mismos», subrayó antes de volver a disparar contra el gobierno valenciano. «Esto no es manera de coordinar, esto es un atraco político en toda regla; esto no es coordinación, esto es imposición», opinó el diputado provincial, para quien esta «concentración» del poder político «en detrimento» de la autonomía de las diputaciones y de los municipios retrae recursos a los alicantinos. «Desde el gobierno provincial vamos a ir hasta el final en la defensa de los intereses de los alicantinos, con todas las armas que legítimamente tenemos», zanjó Carlos Castillo.
La primera resolución judicial de la pugna por los decretos turísticos deja a la Diputación -condenada, además, a abonar 800 euros de las costas procesales- en una situación tremendamente complicada. El recurso tiene pocos visos de prosperar en tanto que se tiene que sustanciar ante la misma sala del alto tribunal valenciano y eso deja muy poco margen para un cambio de postura de los jueces. A través del director general de la Administración Local, Antoni Such, la Generalitat ya ha advertido de que desplegará el decreto -con impacto directo sobre el turismo y la política deportiva- «hasta el final» y exigió a su vez a la Diputación que se reincorpore a la mesa de coordinación, que la corporación alicantina -el principal feudo que le resta al PP en la Comunidad- había abandonado. La actitud de la Diputación se encontró ayer con la oposición frontal del socialista José Chulvi y del portavoz de Compromís, Gerard Fullana, que pedirá a los diputados populares que paguen la condena en costas «de su propio bolsillo».
Por otra parte, Carlos Castillo informó también de la aprobación de un reajuste del presupuesto de 2016 que conlleva la reducción del gasto en 7,8 millones. Para ello, ese plan económico establece dos medidas: un acuerdo de no disponibilidad de créditos, que reduciría el presupuesto de gastos en 3,3 millones y, por otro, la minoración de la partida destinada este año a la XarxaLlibres, que pasará de los 5,9 millones de euros previstos a 1,4 millones. «Estas operaciones financieras permitirán reducir los 7,8 millones de desfase», garantizó el vicepresidente.
