Primer choque judicial por el decreto turístico y victoria para la Generalitat. En una resolución judicial que esperaban en el Consell y la Diputación como un termómetro de sus posibilidades, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) avala por ahora la iniciativa autonómica y rechaza la petición de la Diputación de Alicante de suspender de forma cautelar el decreto de coordinación. Una norma que tiene un impacto directo sobre la gestión de la política turística en tanto que concede a la administración autonómica la potestad, incluso, de controlar los presupuestos provinciales. La resolución del alto tribunal valenciano considera que el decreto aprobado por la Generalitat no origina ningún daño irreparable y, además, condena a la corporación provincial alicantina al pago de las costas. El fallo abre la puerta de par en par a la Generalitat -tal y como confirmó Antoni Such, director general de la Administración Local- para desarrollar por completo el despliegue del mencionado decreto que, como se recordará, se basa en una ley de 1983 aprobada por el gobierno socialista de Joan Lerma.

La resolución facilita que la norma se tramite con normalidad mientras el tribunal valora el fondo de la cuestión. Según consta en el auto, la sala encargada del caso en el TSJ estima la alegación del Consell y manifiesta que «ninguno de los motivos expuestos por la Diputación presentan la nitidez y certeza -ésta ha de ser absoluta, sin mayor atisbo de duda- exigida, de forma constante, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como para acceder a la medida preventiva de que se trata en función de la concurrencia de una causa residual de apreciación de la existencia o falta de existencia de circunstancias que avalen la concesión de la cautela pedida ante la jurisdicción». Por todo ello, el TSJ desestima la solicitud realizada por la corporación provincial y además le impone las costas procesales causadas en esta pieza, un total de 800 euros. Hay posibilidad de recurso de reposición ante la misma sala que dictó el auto, lo que le concede nulas opciones de que acabe prosperando.

La Generalitat sacó del baúl de los recuerdos esta legislación que data de 1983 y que nunca se había llegado a desplegar. El Consell que comparten los socialistas y Compromís aprobó dos decretos vinculados a la coordinación de la política turística y deportiva que supondrían, incluso, la opción de que la administración autonómica pudiera echar mano de la caja de la corporación provincial a efectos de desarrollar políticas conjuntas. La decisión del ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra levantó ampollas en la Diputación de Alicante, el principal reducto que le queda al PP en la Comunidad junto a la corporación de Castellón. La resolución judicial fue recibida en la Generalitat con indisimulada satisfacción. «El decreto de coordinación en materia turística seguirá en vigor y se podrá desarrollar con todo su potencial», apuntó Antoni Such para exigir que «se tiene que producir aquello que ya exige la ciudadanía, que es el entendimiento entre las distintas instituciones y la cooperación entre las mismas». «Entendemos que la coordinación de las áreas, y en este caso del área turística, es fundamental para el futuro de nuestra Comunidad, ya que el sector turístico supone un importante peso en nuestro PIB», recalcó el director general de la Administración Local que, a su vez, emplazó a la Diputación a «retornar» a la mesa de coordinación «como se comprometió si no lograba la suspensión cautelar».