El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) ha rechazado la petición de la Diputación Provincial de Alicante de suspender cautelarmente el decreto de coordinación que tiene un impacto directo sobre la gestión de la política turística en tanto que concede a la administración autonómica la potestad, incluso, de controlar los fondos provinciales.
La resolución del alto tribunal valenciano considera que el decreto aprobado por la Generalitat no causa daños irreparables y, además, condena a la corporación provincial alicantina al pago de las costas. El fallo permitirá a partir de ahora a la Generalitat desarrollar por completo el despliegue del mencionado decreto que se basa en la ley aprobada en 1983 por el gobierno autonómico socialista de Joan Lerma.
