Un incumplimiento que se remonta a la gestión de Eduardo Zaplana durante su etapa en la Generalitat ha terminado por encender de nuevo la mecha entre la Diputación y el Consell de izquierdas. El gobierno que comparten los socialistas y Compromís va a recuperar, como ha acordado este fin de semana en Torrevieja, el compromiso del Pacto Local, un acuerdo que duerme el sueño de los justos desde hace 17 años y que supondrá una inyección de fondos para las exhaustas arcas locales. La Generalitat quiere contar para el proyecto con una parte de fondos procedentes de la Diputación de Alicante, una pretensión que César Sánchez, presidente de la corporación provincial, considera un nuevo ataque contra la institución, uno de los pocos focos de poder que le restan al PP en toda la Comunidad.
Los mandatarios populares en la administración autonómica tuvieron cuatro legislaturas y 16 años para ejecutar el acuerdo al que se llegó en la asamblea que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias celebró en 1999 en Castellón para transferir fondos a las arcas locales. El entonces jefe del Consell, Eduardo Zaplana, firmó un pacto con los partidos representados en ese momento en la organización que agrupa al municipalismo -PP, PSPV, EU y Bloc, la anterior marca de Compromís- por el que se comprometía a poner 300 millones anuales dentro de los presupuestos de la Generalitat para compensar a los municipios por la gestión de competencias -principalmente sociales y relacionadas con servicios públicos- que, en realidad, correspondían a las arcas autonómicas.
Ni cumplió Zaplana, el presidente que se hizo la «foto» con aquel documento. Ni luego lo hizo Olivas. Ni Francisco Camps. Ni tampoco Alberto Fabra. Y todo ello a pesar de que el pacto local valenciano fue incluido en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 -artículo 64- con rango, por tanto, de ley orgánica. Hubo un anuncio por parte del PP de que esa nueva legislación local estuviera concluida para el presupuesto de 2011. Pero lo cierto es que tampoco cristalizó ese cambio legal y que, diecisiete años después, la deuda acumulada por la Generalitat con los municipios merced a aquel incumplimiento supera los 5.000 millones, de los que alrededor de 1.600 le corresponderían a los municipios de la provincia. Ahora la pretensión del Ejecutivo que comparten los socialistas y Compromís es recuperar ese proyecto que el PP dejó en el aire de forma sistemática durante cuatro legislaturas con una aportación inicial de 80 millones -más modesta que la prevista en un principio- pero «tirando» también del presupuesto de las diputaciones, algo que ha provocado el enfado del titular de la institución provincial.
César Sánchez denunció ayer que el Consell «ha decidido plantar batalla a las provincias» y «a las diputaciones» e invitó de nuevo al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a visitar la provincia para poder alcanzar «puntos de encuentro». El dirigente del PP se quejó de que el Ejecutivo de Puig y Oltra «no es el gobierno de todos, es el gobierno de una parte de la Comunidad Valenciana» y reclamó «diálogo» por encima, dijo, de «imposiciones».
