Imputan a la asesora de Barberá que ejercía como «cajera» en la financiación del PP de Valencia

El juez resuelve ampliar la investigación vinculada a Imelsa a un delito electoral en las campañas de 2011 y 2015

12.07.2016 | 02:14
Imputan a la asesora de Barberá que ejercía como «cajera» en la financiación del PP de Valencia

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga en una pieza separada del caso Imelsa un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia, ha resuelto ampliar la investigación a un presunto delito electoral. En un auto notificado ayer a las partes, el juez acuerda citar a declarar como imputadas a la exsecretaria del grupo municipal del PP Carmen García Fuster –una de las colaboradoras durante años de Rita Barberá– y a la administradora provincial de la candidatura popular para las elecciones municipales de 2015, Montserrat Tello. Además, requiere al Partido Popular para que identifique a la persona que ejerció estas funciones en 2011 y a los integrantes de la Junta Directiva del PP en Valencia en las campañas electorales municipales de 2011 y 2015, según informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ).

En una providencia posterior, el magistrado admite la personación como acusación popular de los dirigentes de Compromís Begoña López Molla, Pilar Soriano y Oto Luque. En el auto, el magistrado considera que existen indicios de que el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, en «ejecución de un plan preconcebido», cargó gastos electorales en las campañas de 2011 y 2015 a una cuenta bancaria, gestionada básicamente por García Fuster, «carente de toda fiscalización y reflejo en la contabilidad del PP». De las diligencias practicadas hasta el momento, el juez afirma que existe una «aparente infracción tanto de la normativa aplicable en materia de financiación de partidos políticos como de régimen local». El instructor entiende que «resulta razonable» que la investigación se proyecte «tanto sobre los administradores electorales como sobre aquellas personas que respecto de la cuenta bancaria y sus fondos tenían capacidad de decisión».

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