Una vez más el ministerio de Hacienda y, por extensión, su máximo responsable, Cristóbal Montoro, volvieron ayer a ser el epicentro de los ataques del Consell en materia financiera y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no dudó en acusar de «chantaje» al gobierno central por exigir recortes de derechos a los valencianos a cambio de dinero.
Según Oltra, quien ofreció una rueda de prensa tras la celebración del pleno del Consell que ayer se realizó por primera vez en Torrevieja, el término «chantaje» es el que define que, para recibir el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el Consell no haya podido incluir en el Plan de Ajuste los 1.325 millones de euros que sí contienen los presupuestos generales de la Generalitat para este año como mejora en la financiación autonómica. Y sostuvo que esos presupuestos no se van a tocar. «Otra cosa es que a nosotros nos hayan chantajeado y se haya pedido al Consell que no hiciera mención a esos 1.325 millones de euros en el Plan de Ajuste, o no recibiría el FLA», indicó.
Y ese lujo de perder el FLA no se lo podía permitir el gobierno con tanto pago pendiente a proveedores. «Nos cambian derechos por préstamos», sentenció Oltra, quien insistió en que o esos 1.325 millones llegan vía financiación autonómica desde el gobierno central, o se compensan con el FLA, o no se cumplirá el déficit, tres escenarios posibles que ayer Oltra planteó y donde la tercera opción es la que tiene todas las papeletas de convertirse en una realidad.
Como no podía ser de otra manera, la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana centrará buena parte del balance que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, tiene previsto realizar durante el seminario del Consell que este fin de semana se celebra en Torrevieja en el Centro de Turismo. Soler quiere poner en valor en su intervención de hoy la estrategia de alianzas de la Generalitat con las comunidades autónomas de Murcia, Baleares, Andalucía y Cataluña para impulsar con más fuerza de cara al nuevo gobierno de España una reclamación de la deuda histórica derivada del actual sistema de financiación.
Al igual que se hizo en la localidad castellonense de Morella, el Consell pasará el fin de semana en Torrevieja reunido para hacer balance de sus últimos seis meses de gestión y definir cómo afrontar el próximo medio año después de los «pufos» heredados del PP que según Oltra han dejado al Consell en situación de «ruina en diferido». En ese sentido, la vicepresidenta insistió en que se abordarán cuestiones ligadas a la gestión y trabajo y no las relativas a partidos políticos y cambios en el gobierno valenciano.
Cada conselleria tendrá hoy un turno de intervención para hacer balance de su gestión y trazar las líneas en la que quiere trabajar los próximos seis meses. Sí avanzó Oltra un punto común que han puesto sobre la mesa todas las áreas, que ha sido la necesidad de convertir la administración valenciana en una administración del siglo XXI «porque en algunas consellerias se quedaron un siglo atrás». Indicó que es «insostenible» que hoy en día no puedan hacerse cruce de informaciones entre las distintas áreas del Consell y que no puedan compartir datos entre ellas.
La modernización de la maquinaria administrativa es uno de los retos en marcha que todas las consellerias quieren tratar, además de buscar una salida a la anquilosada y farragosa burocracia de la administración autonómica, que al final tanto sufre el ciudadano. «Los gobiernos del PP no sé para qué han puesto tantos filtros a todo, no sé para qué ha servido tanto control cuando aquí el saqueo se ha producido a manos llenas», señaló Oltra, quien dijo que la falta de agilidad burocrática y administrativa es otro ejemplo de la «ruina en diferido» a la que tiene que hacer frente el Consell.
A preguntas de los periodistas, también se refirió a la situación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), encargada de la gestión de las 462 depuradoras de toda la Comunidad, donde Hacienda ha frenado una subida de sueldos prevista para la plantilla tras recibir una denuncia anónima por «enchufismo», tratos de favor y corrupción en la entidad. Oltra dijo que la Epsar tiene el problema de «ser un espacio configurado para que las sobrinas y las primas hermanas de consellers encontraran trabajo fácil sin pasar por las pruebas y filtros necesarios para un empleo público». Alegó que su gobierno trabaja en actualizar la relación de puestos de trabajo (RTP) «para arreglar otra ruina en diferido» y «racionalizar» los sueldos aumentando la masa salarial tras detectar que existen diferencias entre hombres y mujeres en igual categoría técnica.
La multas al fútbol
Y aún puso un ejemplo más de los «pufos» que ahora se tiene que «comer» la Generalitat: los 30,2 millones que la Comisión Europea exige ahora que devuelvan el Hércules, el Elche y el Valencia C.F. al considerar que los avales públicos que les concedió el Instituto Valenciano de Finanzas en la era del PP les dieron una ventaja económica frente a otros equipos. «Si el PP no hubiera metido la pata y la mano no tendríamos que pagar una multa por estas ayudas ilegales», sentenció Oltra, y añadió que su objetivo es recuperar «hasta el último céntimo público de todos los valencianos, los futboleros y los que no lo son, porque hay muchas necesidades de servicios básicos que cumplir».
