Enésimo conflicto a la vista entre la Generalitat y la Diputación de Alicante. El Consell, reunido ayer en Torrevieja por tercer día consecutivo, presentó las conclusiones de su «Seminari d'estiu» en la ciudad salinera y plasmó por escrito algunos de sus principales objetivos para los próximos meses. El Ejecutivo capitaneado por Ximo Puig asumió compromisos de calibre en todas las consellerias... y abrió un nuevo frente con la institución provincial de Alicante. ¿Por qué? Por la creación de un fondo autonómico dotado con 80 millones de euros en el que tendrá que participar, sí o sí, la Diputación de Alicante, convertida ya en el último gran bastión del PP en la Comunidad tras su varapalo en las últimas elecciones municipales y autonómicas de 2015.

La iniciativa se enmarca dentro del área de Presidencia y se divide en tres apartados. En concreto, reza así: «Decreto de creación del fondo autonómico de cooperación municipal. Este fondo constará de tres partes, la primera de fondos incondicionados para loos ayuntamientos, que tendrá aportaciones económicas del Consell y las diputaciones provinciales; la segunda es de Fondos Europeos para los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes (...); y una tercera parte mediante avales del IVF a los ayuntamientos que pretendan realizar inversiones en sus municipios». La previsión de la Generalitat es que el fondo pueda estar consignado ya en las cuentas del próximo año con una dotación global de 80 millones.

Pese a que la aportación de las instituciones provinciales será obligatoria, el jefe del Consell, Ximo Puig, admitió ayer que la actuación no se ha consensuado todavía con ellas. En gran medida, porque ese acuerdo no es nuevo. El presidente recordó que se remonta a la época de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, hace concretamente 17 años, pero que nunca se ha activado. El 27 de febrero de 1999, la VII Asamblea de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) adoptó -con los votos a favor de PP, PSPV, EU, Bloc y UV- la creación de un Fondo de Cooperación Municipal para que la Generalitat consignara dinero todos los años en sus presupuestos con el fin de compensar a los ayuntamientos las competencias impropias que asumen. Es decir, aquellas actuaciones que tendría que desarrollar el Ejecutivo autonómico y que, sin embargo, recaen finalmente en las arcas locales. Por ejemplo, algunas actuaciones en Sanidad, Educación o Bienestar Social.

Desde que aquel acuerdo de la FVMP vio la luz, poco más se ha sabido. Los sucesivos gobiernos autonómicos del PP lo metieron en un cajón y el PSPV lo ha ido reivindicando año tras año. Hasta ahora. La intención del actual Ejecutivo de izquierdas pasa por reactivarlo en 2017 e involucrar también a las tres diputaciones. «Se trata de una vieja reivindicación de los ayuntamientos. La democracia empieza desde abajo, y por eso queremos reforzar esa alianza con ellos», subrayó ayer Puig.

La medida, sin embargo, sentó a cuerno quemado en la institución provincial de Alicante. Fuentes de Presidencia censuraron la actitud de la Generalitat y lamentaron esta nueva «imposición». «De nuevo nos enteramos por la prensa de medidas que afectan a las diputaciones, lo que demuestra falta de diálogo y sensibilidad institucional», lamentaron desde el entorno de César Sánchez. Y apostillaron: «Estamos ante un Consell que impone, que no dialoga y que no ha sabido leer los resultados electorales, en los que la ciudadanía pide más consenso».

La institución fue incluso más allá. Recordó que todos los partidos que incluyeron en sus programas electorales «acabar con las diputaciones han sufrido un claro correctivo electoral» y denunció que «los planteamientos de Puig y Oltra» con las corporaciones provinciales «son los mismos que plantearon los nacionalistas independentistas catalanes».

Se abre, por ende, otro conflicto. Uno más. Desde que el Consell cambió de signo, los encontronazos entre las dos administraciones han sido continuos. Muy pronto llegó el primero. Poco después de que César Sánchez relevara a Luisa Pastor en la Presidencia, la Diputación se autoproclamó como el «gobierno provincial». Fue una declaración de intenciones en toda regla. A partir de ahí, conflicto tras conflicto. Hubo una guerra de declaraciones por los «sueldazos» que se asignaron en la corporación provincial, con casi una veintena de diputados con más salario que Puig; la Generalitat excluyó en un primer momento a la Diputación del Consejo de Administración del Puerto; el Consell impuso a la institución la participación en la «Xarxa Llibres»; y, como colofón, aprobó dos decretos de coordinación que, en la práctica, conllevan la intervención de sus cuentas en Turismo y Deportes. Y ahora llega este nuevo fondo.