El tripartito pacta que la nueva Canal 9 pueda tener hasta 300 trabajadores

El acuerdo contempla comenzar en pruebas dando preferencia a los extrabajadores del ente público

08.07.2016 | 01:08

La nueva Canal 9 arrancará de forma provisional en breve -el plazo está por determinar pero podía ser este verano- y lo hará echando mano de los extrabajadores de la antigua RTVV. Al menos, este es el acuerdo al que llegaron ayer PSPV, Compromís y Podemos tras una intensa negociación cuyo principal escollo fue abordar qué privilegios en la contratación debe tener la antigua plantilla sin vulnerar la ley.

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) emitió un duro dictamen a la ley aprobada por la comisión de las Cortes al entender que el trato preferencial a los extrabajadores puede ser inconstitucional. La intención de PSPV y Compromís (socios en el bipartito) de rebajar el texto se ha quedado a medias, ya que las enmiendas registradas ayer, de un lado, blindan los privilegios para la televisión en pruebas y, de otro, los rebajan para la provisión definitiva de la plantilla. Así, la enmienda pactada con Podemos es más explicita al abrir la puerta a que la nueva televisión arranque mediante contrataciones con carácter temporal. Se harán, especifica la propuesta, «mediante una bolsa de trabajo por méritos» y se valorará «específicamente como mérito diferenciado haber trabajado en la antigua RTVV, haber accedido mediante proceso selectivo y la antiguedad». Se especifica que esta habilitación estará vigente los doce meses siguientes a la publicación de la ley.

La enmienda no fija el número de trabajadores necesarios para esta primera fase de televisión en pruebas, una decisión que se deja en manos del futuro director o directora de la corporación. Con todo, algunas fuentes conocedoras de las negociaciones apuntaban que la plantilla provisional podría estar compuesta por 150 personas. La definitiva sumaría 300 personas. La vía excepcional de contratación aunque sea provisional tiene enjundia. Para algunos es la entrada por la puerta falsa a un empleo público, mientras que otros advierten de que muchos de los extrabajadores tendrán que hacer cuentas ya que si vuelven a estar activos tendrán que rendir cuentas al fisco por la indemnización recibida por el despido.

En todo caso, si la enmienda podría contentar al extinto comité de empresa, genera un problema político añadido ya que Ciudadanos no ve claro este proceso. Fuentes del grupo parlamentario no descartan incluso votar en contra de la ley ya que, en principio, entienden que tal como está redactada allana el camino a una condena por sucesión de empresas, lo que abocaría a la Generalitat a tener que afrontar 1.600 indemnizaciones. El tripartito, sin embargo, cree que hay tiempo para convencer a Ciudadanos cuyo voto no es necesario para sacar adelante la ley (se votará el próximo día 14 de julio), pero tiene mucho valor político.

La segunda parte, la relativa a cómo contratar a la plantilla definitiva, es donde no hubo acuerdo. Compromís y PSPV no lograron sumar a Podemos a una enmienda en la que se especifica que será necesario convocar un concurso-oposición. Los socios del bipartito conceden que en la fase de valoración de méritos se tenga en cuenta la antigüedad, pero eliminan la posibilidad de exoneración de alguno de los ejercicios a los extrabajadores que en su día superaron pruebas. Podemos, por su parte, presentó su propia enmienda en la que blinda aún más los privilegios para los extrabajadores. De hecho, la exoneración de prueba deja de ser una posibilidad. Podemos pretende convalidar las oposiciones que en su día se convocaron en RTVV, de tal manera que estas personas queden eximidas de futuros exámenes.

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