Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que hay un «delito electoral continuado» en el PP de Valencia, ya que existe una «unidad de propósito que respondía a un plan previamente concebido», se ejecutaba principalmente con periodos electorales y de una forma similar. El informe policial, remitido al Juzgado de Valencia, apunta a una serie de infracciones relacionadas con la financiación irregular del PP, algunas de las cuales son constitutivas de sendos delitos electorales en las elecciones municipales de 2011 y 2015. El documento indica que los partidos no pueden aceptar que terceros asuman de forma efectiva el coste de sus adquisiciones de bienes, obras o servicios, o cualquier gasto que genere su actividad. Sin embargo el grupo municipal del PP de Valencia fue usado como medio «para velar que terceros, empresarios o no», asumieran «de forma efectiva» el coste de adquisiciones que generaba la promoción política del PP de la ciudad de Valencia, mediante entregas de dinero en efectivo, sobre todo cerca de elecciones. Esas entregas, añade, eran ingresadas personalmente por la secretaria del grupo en una cuenta que «no era fiscalizada ni fiscalizable», y se utilizaban para gastos electorales. La ausencia de control suponía superar los techos de gasto electoral sin reflejo en la contabilidad del partido. El informe apunta también a un delito electoral consistente en simular aportaciones voluntarias de los integrantes del grupo municipal cuando en realidad eran aportaciones parciales de 50.000 euros con origen desconocido «para sufragar gastos electorales sin reflejo contable alguno».