El pleno de las Corts Valencianes ha convalidado este jueves, con la oposición del grupo popular y Ciudadanos, el decreto del Consell, aprobado el pasado 10 de junio, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la correcta gestión de los residuos municipales, en virtud del cual la Generalitat podrá llevar a cabo una actuación inmediata en la gestión de residuos en sustitución de la correspondiente entidad local o consorcio "cuando se produzcan situaciones con posibilidad de afecciones ambientales o de riesgo para la salud de la población en general".
La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, ha presentado el decreto ante el pleno y ha asegurado que esta es una medida urgente que será complementada en su momento con medidas legislativas, como el Plan Integral de Residuos y una nueva Ley de Residuos esta misma legislatura.
El socialista David Cerdán ha valorado que este es "el principio de un buen fin" para acabar con "el desastre de la gestión" del PP durante los últimos 20 años en materia de recursos. Ha instado a volver a la "sensatez" para acabar con un modelo de gestión que ha tenido dos "víctimas", por un lado los municipios y por otra los ciudadanos, que han tenido que "pagar más por un peor servicio".
Por su parte, Elisa Díaz (PP) ha justificado la negativa de su grupo en que la propia Abogacía de la Generalitat pone en duda la extraordinaria urgencia y necesidad y señala que esta modificación debería llevarse a cabo a través de un proyecto de ley.
"Se basan en que es demasiado lento, para lo que quieren", ha dicho la diputada, que ha indicado que con este "decretazo" evitan informes como el del CJC, la participación ciudadana y pueden así "usurpar una competencia propia de los ayuntamientos sin contar con su parecer".
"YO INVITO Y TÚ PAGAS"
Con este decreto, ha dicho, pueden "gestionar residuos prácticamente de todos los ayuntamientos, porque de los 14 consorcios cumplen dos, y evitar el concurso público". "Sectarismo, usurpación de competencias y oscurantismo: yo invito y tú pagas", ha resumido, ante lo que el socialista Cerdán ha respondido: "No puede ser peor que lo que ustedes han hecho".
Desde Podemos, Antonio Estañ ha criticado que el PP, "incluso en municipios que le quedan, es incapaz de deshacer redes clientelares en la gestión de residuos" y les ha reclamado que no pidan perdón si no quieren pero "al menos no pongan impedimentos a las soluciones".
Por su parte, Domingo Rojo (Ciudadanos) ha reconocido que la gestión de residuos se ha mercantilizado por gobiernos anteriores, convirtiéndose en "un problema grave y estructural" pero ha cuestionado que se haya empleado la figura "invasiva" del decreto-ley al considerar que "no hay situación de urgente necesidad".
El decreto ley modifica los artículos 6 (Competencias Municipales), 8 (Competencias de la Generalitat) y 36 (Tramitación proyecto de Gestión) de la Ley 10/2000, de Residuos de la Comunitat. También se cambia el artículo 4 de la Ley 12/2010 relativo al régimen jurídico de Vaersa.
Son las entidades locales y, concretamente, los consorcios constituidos a tal efecto los encargados de llevar a cabo la correcta gestión de los residuos municipales, pero existen algunas zonas del territorio de valenciano que aún no disponen de proyectos de gestión aprobados por parte del consorcio o de la entidad local correspondiente.
En otros casos el consorcio ha rescindido el contrato adjudicado en virtud del proyecto de gestión aprobado, como sucede con la Zona A6, correspondiente a la comarca alicantina de la Vega Baja, en la que no existe ninguna instalación operativa de transferencia, valorización ni eliminación de residuos urbanos. En algunos otros supuestos, todas estas instalaciones no se encuentran operativas por no estar construidas o por cuestiones técnicas graves que impiden su funcionamiento normal.
Asimismo, se cree necesario habilitar la actuación de los medios propios de la Generalitat y se contempla la posibilidad de que la mercantil Vaersa y sus sociedades filiales puedan ser también medios propios instrumentales y servicio técnico de los consorcios y entidades locales que así lo decidan, con la finalidad de que puedan prestar de forma directa y de manera inmediata los servicios públicos de su competencia.
La modificación de la Ley de Residuos de la Comunitat cuenta con informes favorables de la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, de la Subsecretaría de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y de la Abogacía de la Generalitat.
