La Guardia Civil investiga nuevos contratos del antiguo líder del PP en Valencia

La policía entra en el Ayuntamiento de Xàtiva y reclama los expedientes de 3 adjudicaciones de la etapa de Rus

06.07.2016 | 00:18
La Guardia Civil investiga nuevos contratos del antiguo líder del PP en Valencia

Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron ayer en el Ayuntamiento de Xàtiva en busca de expedientes y contratos promovidos por el anterior alcalde y expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. Este registro se enmarca en el conocido como caso Imelsa, en el que se investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos, y del que también se han detectado ramificaciones en el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación.

Los agentes llegaron al Ayuntamiento alrededor de las 12:00 horas, se personaron en la Secretaría General del Ayuntamiento y reclamaron la presencia del secretario y del interventor. Así, se dirigieron a la secretaría general para reclamar expedientes relacionados con grandes obras acometidas durante el mandato de Alfonso Rus, que se prolongó durante la décadada de 1995-2015.

Proyectos bajo sosecha

Se trata, entre otros, de los expedientes relativos a la reforma de la plaza de toros, la construcción de un centro cultural, la instalación de césped artificial en el campo Paquito Coloma o la construcción del aparcamiento de la plaza de La Bassa.

Esta misma documentación está relacionada con las empresas Llanera, Inditec (adjudicataria del servicio de recogida de basuras por cerca de 20 millones de euros), Franjuán, Acciona o Asfaltos Guerola, entre otras.

Alfonso Rus está investigado (imputado, antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en varias piezas del caso Imelsa en las que se investigan los supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental. En mayo del año pasado fue suspendido de militancia del PP y retirado de la presidencia provincial del partido al ser vinculado con el supuesto cobro de comisiones ilegales.

El pasado 26 de enero fue detenido –y puesto en libertad provisional dos días después– en el marco de la «operación Taula» contra la corrupción en varias administraciones controladas por el PP, junto a otras 23 personas.

La investigación del caso Imelsa se centra en la obtención de comisiones ilegales y se remonta al año 2014, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa Imelsa. En concreto, se acusaba a Marcos Benavent –quien está aportando información a los investigadores– de crear una empresa pantalla que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban.

Otra de las líneas de investigación en Imelsa es la que indaga los contratos zombis y los finiquitos desorbitados a extrabajadores, como el del sindicalista de UGT Honori Estornell. La maquinaria clientelar para enchufar familiares y amigos a diestro y siniestro en Imelsa incluyó el hinchamiento ficticio de nóminas y el falseamiento de contratos de discapacitados.

Según la investigación abierta en los juzgados, los integrantes de la trama infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana se servían de sus puestos de responsabilidad y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. A partir de aquí se dieron los indicios que apuntaron a una supuesta salida de dinero hacia las arcas del PP a través de un sistema de financiación ilegal.

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