Un año de gestión del Consell marcado por la guerra abierta con la Diputación

Primer aniversario del gobierno de PSPV y Compromís con el respaldo de Podemos con varios frentes abiertos

06.07.2016 | 00:18
Un año de gestión del Consell marcado por la guerra abierta con la Diputación

Educación concertada y horarios comerciales, los ejes más polémicos.

El Pacto del Botànic, que tras 20 años de ejecutivos autonómicos del PP otorgó en junio de 2015 el gobierno de la Generalitat Valenciana al socialista Ximo Puig y a la líder de Compromís, Mónica Oltra, con el respaldo parlamentario de Podemos, ha cumplido su primer año de gestión. Y lo ha hecho con un sello propio en la provincia de Alicante: la guerra abierta con la Diputación, último bastión de los populares en la provincia y la Comunidad, donde ha estallado la pólvora por el reparto de las competencias en materia turística.

La calma chicha entre el Palau de la Generalitat y el Palacio Provincial de Alicante no podía esperarse por cuestiones obvias basadas en colores políticos, pero la pugna entre ambas instituciones ha sorprendido, incluso, a muchos socialistas, que no se han mostrado a favor de los decretos del Consell que intervenían las competencias de la Diputación en materia turística y deportiva. «Soy más partidario de negociar. Esa batalla se hubiera ganado porque el PP es incapaz de negociar nada», valoraba ayer el secretario provincial del PSPV en la provincia de Alicante, David Cerdán.

El gobierno de Puig y Oltra aprobó los dos decretos alegando que había que fijar las directrices de coordinación para el ejercicio de las funciones propias de las diputaciones provinciales. La medida sentó como un tiro en la Avenida de la Estación de Alicante y la Diputación la recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia con la presentación de un contencioso-administrativo que aún está por resolver. En la reunión celebrada en Valencia para componer el Consejo de Coordinación Turística los representantes de la Diputación de Alicante –Carlos Castillo y Eduardo Dolón– se levantaron de la mesa y se fueron, escenificando que la relación entre ambas instituciones ya estaba rota.

Tampoco ayudó al acercamiento entre ambas entidades el hecho de que el presidente de la Diputación, César Sánchez, solicitara una reunión con Ximo Puig y que desde el Consell se les emplazara a celebrarla en Valencia y, en principio, con un conseller. De hecho, ha pasado un año y Puig y Sánchez todavía no se han sentado juntos en una reunión oficial.

Para el presidente de la institución provincial, el año de gestión del bipartito de Puig y Oltra ha sido un fracaso «porque siguen responsabilizando a los demás de su incapacidad para solucionar problemas». César Sánchez considera que en vez de vertebrar, el gobierno autonómico lleva un año «dedicado a fracturar, atacando a las instituciones provinciales porque no son de su color político».

Por contra, para el portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, la batalla entre el Consell y la institución provincial forma parte de una estrategia política de confrontación puesta en marcha desde que el PP perdió el gobierno autonómico. Añade que, en paralelo, la Diputación se convirtió en un «búnker de asesores desbancados de las Cortes y la Generalitat con un alto grado de rencor y con unas políticas de poco fondo, donde hay mucho márketing y pocas nueces».

El otro gran escollo en materia turística con la Diputación de Alicante fue una posible implantación de la ecotasa, un impuesto turístico que gravaría al sector hotelero y que finalmente repercutiría en el cliente final. El propio César Sánchez se mostró dispuesto a llevar a cabo acciones para impedir su aplicación. Una nueva batalla campal entre ambas instituciones ha llegado de la mano de las subvenciones. El conocido como informe de duplicidades –con el que la Generalitat certifica que no existen dos vías de financiación para una misma materia– se ha convertido en un elemento que la Diputación abandera contra el Consell para justificar el dinero que no llega, culpando, en muchos casos al gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra, del retraso en su emisión.

Mientras tanto, en materia de financiación, el presidente Puig responsabiliza al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y a su segundo de a bordo, Antonio Beteta, de ahogar a la autonomía. El discurso sobre la infrafinanciación que recibe la Comunidad Valenciana ha marcado numerosas intervenciones públicas de Puig a lo largo de este año, e incluso el conseller de Hacienda, Vicent Soler, acusó a Montoro de maniobrar de forma electoralista por desbloquear la lluvia de millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en plena campaña electoral tras meses consecutivos de retención.

En cuanto a los ejes de acción más polémicos, destaca el de los horarios comerciales, especialmente en la ciudad de Alicante, que terminó con la reapertura de El Corte Inglés y los comercios del centro por regresar a la declaración de zona turística que había con el PP pese a que la medida no contaba con el beneplácito de los socios de Puig, más partidarios de recortar horarios en festivos.

La otra sacudida social se ha producido en materia educativa y, concretamente, con la concertada. La polémica derivada de la eliminación de aulas en los centros concertados, cuyo cénit llegó con la campaña electoral hacia el 26J y que el PP y C's agarraron con fuerza para buscar votos entre el gran descontento que se vivió en la comunidad educativa de los centros concertados, ha sido una de las que más presencia ha tenido en la calle, con varias manifestaciones en ciudades como Alicante y Elche a favor de la escuela concertada. «Es que a este gobierno se le votó para potenciar el sistema público. Hemos pasado de un gobierno centrado en sí mismo a uno centrado en las ayudas sociales, en políticas sociales y de potenciación de lo público como se ha visto en la Educación y en la Sanidad», explicaba en su valoración del primer año del Botànic el diputado provincial de Compromís Gerard Fullana.

Desde C's, su coordinador provincial, Emigdio Tormo, habla de un gobierno que no ha demostrado cambios a mejor y pone como ejemplo a la educación concertada. «El gobierno surgido del Pacto del Botànic no ha resultado ser la panacea y ha creado problemas donde no los había tocando la educación concertada», indicaba respecto al balance del primer aniversario del gobierno «a la valenciana».

Por su parte David Cerdán, secretario provincial del PSOE, también destacaba la lógica ideológica de este gobierno autonómico de primar lo público «sin desmerecer lo privado» y de «reconstruir lo que estaba desmoronado». Destacó las ayudas creadas este año por la red Xarxa Llibres para los libros de texto y señaló que esa potenciación de lo público también se debe ver con el impulso de la empresa pública de gestión de residuos Vaersa. «Donde sí es importante la participación del sector privado es en el sector turístico. Hosteleros y hoteleros deben jugar un papel importante en las políticas turísticas, por ejemplo en la promoción o sobre la situación de los apartamentos turísticos», añadió.

El Consell ha derogado de forma completa el copago para personas mayores, aprobó un decreto para que los pensionistas y personas con diversidad funcional dejaran de pagar el copago farmacéutico –impulsando con ello un recurso del gobierno central aún sin resolver– y volvió a garantizar el acceso universal sanitario a todas las personas extranjeras en situación administrativa irregular pese al recurso del gobierno central. Sin embargo, los «enchufismos» en la conselleria de Sanidad han salpicado al Consell, provocando incluso la ruptura de las relaciones entre la Consellera de Sanidad, Carmen Montón, y su secretaria autonómica de Salud, Dolores Sala, después de salir a la luz que la hija de esta última había sido contratada en una función pública de Sanidad.

Según la diputada autonómica de Podemos, Llum Quiñonero, el gobierno surgido del Pacto del Botànic ha mostrado una nueva orientación en la forma de gobernar porque se ha centrado en las personas. En su mandato, destaca la diputada alicantina, hay pasos como la retirada del copago, la atención a viviendas públicas y a la pobreza energética, la revocación de algunos servicios privados en la sanidad pública como las resonancias magnéticas o la recuperación pública de la Ciudad de la Luz, y todo ello, incide, «desde la infrafinanciación y el saqueo de las arcas públicas por la corrupción que ha padecido la Comunidad Valenciana».

El gobierno de Ximo Puig, en su intento de recuperar la Ciudad de la Luz, anunció que ésta podría albergar los estudios alicantinos de la nueva Radio Televisión Valenciana (RTVV) tras aprobar el proyecto de ley para poner en marcha Canal 9 de nuevo en la Comunidad. Entre los anuncios que Puig ha realizado y que afectan a proyectos en Alicante, también avanzó que Ciudad de la Luz será sede de la Agencia Valenciana de la Innovación. Para ello se usará una zona de oficinas a la que nunca se le dio utilidad.

El presidente de la Generalitat también anunció –y lo hizo en Alicante junto al alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri– la continuidad de Alicante como puerto de salida de la Volvo. Todo ello no ha sido suficiente para acallar las voces críticas dentro del PSPV sobre la falta de inversiones en la provincia. El propio Echávarri dijo a las puertas de la campaña electoral que Alicante estaba maltratada respecto a Valencia, algo que recientemente repitió el secretario provincial del PSPV.

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