22 de junio de 2016
22.06.2016

La Generalitat pide medio millón a la infanta Cristina en el caso Nóos

La Abogacía considera a la hermana del Rey «responsable civil a título lucrativo», junto a su marido, a Torres y a cuatro directivos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias

26.06.2016 | 02:18
La Generalitat pide medio millón a la infanta Cristina en el caso Nóos

«Todos fueron colaboradores para que el dinero saliera», sostiene el letrado.

La Abogacía de la Generalitat reclama que la Infanta Cristina responda como «responsable civil a título lucrativo» junto a Iñaki Urdangarin de las cantidades que reclama a este último «hasta la cuantía de 587.413,5 euros», en las conclusiones finales presentadas en el Juicio del Caso Nóos.

El Consell solicita a Urdangarín, su socio Diego Torres y al exsecretario autonómico de Eventos, Luis Lobón, la cantidad de 1.566.000 euros por las celebraciones de las tres Valencia Summit. Al exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia SA (Cacsa) José Manuel Aguilar le reclama 522.000 euros por el Valencia Summit de 2004; y a los exdirectores generales de Cacsa Jorge Vela y Elisa Maldonado, otros 1.044.000 euros, por las cumbres de 2005 y 2006.

El letrado que representa al Consell, personado en la causa como «actor civil» durante la presidencia de Alberto Fabra para recuperar las cantidades esquilmadas a las arcas públicas, considera que tanto Urdangarín como su socio en Nóos, Diego Torres, impulsaron los convenios con la Generalitat y Cacsa con la única meta de la «sustracción de fondos públicos» para «enriquecer sus patrimonios».

La Generalitat defiende en su escrito que tanto el yerno y cuñado de los reyes de España como su socio «se presentaron ante la Generalitat y Cacsa como una entidad sin ánimo de lucro con fines altruistas avalada por la institución de la Corona» por lo que obtuvieron «fondos que, debiendo tener como fin intereses públicos o de carácter general, acabaron engordando ilícitamente el patrimonio de ambos» acusados.

El Consell añade en su escrito que se hizo de una forma «dolosa» porque «sin esta maquinación insidiosa, no hubiera sido posible materializar el negocio jurídico que propició el lucro de Don Diego y Don Iñaki» [sic] a través de un entramado empresarial y de una compleja facturación que «era una mera autopista para derivar los fondos obtenidos por una entidad sin ánimo de lucro hacia sociedades familiares sin actividad».

Aunque la actividad de ambos socios no hubiera sido posible, según el Consell, «si no hubiera ido acompañada de la actuación de Luís Lobón (el «introductor de Nóos, para la Generalitat); José Manuel Aguilar (el que ordenó firmar el convenio) y junto a Jorge Vela «la última defensa efectivamente a los subtractorase» y Elisa Maldonado por «avalar jurídicamente el contenido de los convenios» con el Instituto Nóos.

Todos fueron, para el letrado de la Generalitat, «colaboradores necesarios para el que dinero saliera subrepticia y antijurídicamente de las arcas de la administración pública valenciana en dirección al patrimonio de los imputados» además de ofrecer un «asentimiento deliberado vulnerando su deber de impedir la sustracción» del presupuesto.

Incluso achacan a Lobón como el responsable de apuntar a Cacsa como la víctima ideal para «desviar fondos eludiendo los controles en contratación y de la intervención» porque la empresa pública «tenía un grado de control muy ténue en contratación pública, firma de convenios y, en general, a la hora de disponer de fondos presupuestarios».

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