El empresario Enrique Ortiz ha acudido esta mañana a los juzgados de Alicante para declarar por presunto fraude fiscal. En concreto, el caso se centra en un presunto fraude de más de 6 millones de euros cometido supuestamente en una operación con terrenos ubicados en la Playa de San Juan, en Alicante, hace una década.

La fiscalía pide provisionalmente para los cinco procesados sendas penas de tres años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública, así como de un de año y medio por un delito de falsificación en documento mercantil, así como multas de 10 millones.

Los hechos se remontan al ejercicio fiscal de 2005 y fueron denunciados ante la fiscalía de Alicante por la Agencia Estatal Tributaria, que cifró el supuesto fraude fiscal en 6.105.247 euros.

La acusación pública sostiene que tanto Ortiz como su cuñado y apoderado de algunas de sus empresas, Miguel Carratalá, se confabularon con el presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, y los empresarios Miguel Ballester, Aurelio González Villarejo y Vicente Pérez Cañas para defraudar a Hacienda.

En concreto, utilizaron nueve fincas rústicas situadas en el denominado Pau 4 de Alicante, en la Playa de San Juan, que Hansa Urbana SA tenía contabilizadas como "existencias o elementos del activo circulante" y, por tanto, como terrenos destinados a la venta y a la obtención de las consiguientes plusvalías.

Sin embargo, la propietaria simuló supuestamente, en colaboración con las mercantiles de Ortiz y Villarejo, dos contratos de alquiler de las fincas por un importe total cercano a los 3 millones de euros a fin de contabilizarlas ante Hacienda como "Inmovilizado y beneficiarse así de una deducción fiscal indebida", según las conclusiones de la fiscalía.