Impugnan los informes de Hacienda en el proceso por fraude fiscal a Ortiz y Galea

Ambos se sientan en el banquillo acusados de defraudar seis millones a través de una venta de terrenos en el PAU4 de la playa de San Juan. Las defensas han cuestionado la imparcialidad de los inspectores de la Agencia Tributaria que declararán como peritos en este procedimiento."Los informes periciales los presentan los mismos técnicos que han acusado a los imputados de un fraude fiscal", han manifestado, hecho que a su juicio plantea problemas por la objetividad de esos informes.

Asimismo, también han cuestionado que se han vulnerado los derechos de los acusados, al haber basado la investigación en documentos que los acusados tuvieron que entregar por la vía administrativa bajo la amenaza de una sanción en caso de que no la entregarán. "Ningún juez puede obligar a un imputado a entregar una documentación y luego imputarle basándose en esa documentación que le ha entregado", recalcó el abogado Javier Boix, que lleva la defensa de Rafael Galea.

El juicio ha arrancado esta mañana en el juzgado de lo Penal 1 de Alicante con una sesión dedicada a que las partes plantearan todas las cuestiones previas que consideren pertinentes para el proceso, así como para presentar nuevas pruebas y testigos. Una vez que se resuelvan sus peticiones, la vista se retomará el 6 de julio con las declaraciones de los acusados. Junto a Ortiz y Galea se sientan en el banquillo los empresarios Miguel Ballestar, Miguel Carratalá y Vicente Pérez Cañas.

El fiscal y el Abogado del Estado les reclaman penas que suman cuatro años y medio de cárcel por delitos de fraude fiscal y falsedad documental. El fiscal les acusa de haber simulado en octubre de 2005 dos contratos de arrendamiento de nueve fincas rústicas en la Playa de San Juan que permitieron a los responsables de Hansa Urbana con la ayuda de las empresas de Ortiz aplicarse bonificaciones fiscales que no les correspondían.