La aprobación del plan Rabasa tenía un interés privado para Enrique Ortiz pero también un incuestionable interés público que incluso recoge expresamente el auto con el que el magistrado César Martínez da carpetazo a esa investigación. Este es uno de los argumentos que la defensa del empresario expone en el escrito de impugnación de los recursos presentados por el fiscal anticorrupción Felipe Briones y por las acusaciones populares en este proceso, que se ejercen en nombre de EU y el PSOE, contra el sobreseimiento del caso.
Frente a la tesis sostenida por Briones de que la única finalidad de este macroplan era el interés particular de Ortiz, sostiene el penalista Francisco Ruiz Marco, abogado del empresario, que su aprobación habría acarreado innumerables beneficios para Alicante, bondades que detalla en varios apartados que van desde la incorporación al patrimonio municipal de zonas verdes, parcelas dotacionales y cesión de edificabilidad a ingresos procedentes del IBI, tasas y creación de puestos de trabajo directos e indirectos. Prueba de este interés público, precisa el letrado, es que en estos momentos, una vez que su cliente ha desistido del proyecto en esta ubicación, el Ayuntamiento ha solicitado una reunión con Ikea para ofrecerle suelo con el compromiso de que antes de acabar el año podría tener licencia.
En opinión de Ruiz Marco lo que las tres acusaciones pretenden es sustituir la valoración de dos jueces (en alusión a Juan Carlos Cerón y César Martínez, los dos instructores de esta causa) por la propia sin que hagan mención los recurrentes a hechos concretos ni a conductas que indiquen que el promotor influyó o se prevalió. «Ni la señora Castedo (imputada además del empresario, y entre otros, en este proceso) ni los otros funcionarios adscritos al Ayuntamiento de Alicante podían ser influidos para que dictaran una resolución definitiva porque no eran competentes para ello», precisa.
Incide el representante legal del empresario en esa inconcreción por parte de las acusaciones en cuanto a los hechos que le atribuyen a su cliente al afirmar que las tres «ensayan una suerte de enmienda a la totalidad» frente al auto de sobreseimiento que se construye con afirmaciones genéricas tales como «estamos ante una gran operación especulativa...» o «se puede apreciar toda la maquinaria de poder al servicio de los intereses de Ortiz» sin que se aporte «una sola referencia a un acto objetivo (...) o la descripción de una conducta concreta reconducible a un concreto hecho delictivo».
También tiene réplica Ruiz Marco para las críticas lanzadas desde las acusaciones al instructor «por haber invadido las funciones del órgano de enjuiciamiento». Echa mano para ello del reciente archivo de la investigación que sobre la alcaldesa de Jerez estaba llevando el Supremo de cuyo auto de sobreseimiento destaca que se haya valorado la declaración de la investigada y contrastado con la documental aportada para llegar a la conclusión de que se tenía que cerrar el caso.
«Diligencias inútiles»
Rebate asimismo el letrado el argumento de que quedaban pruebas por practicar y, en alusión a la petición planteada por el fiscal para que declarara la cúpula de Ikea, una diligencia apoyada por EU y sobre la que el magistrado no llegó a pronunciarse. Mantiene Ruiz Marco en este punto que puesto que los hechos por los que se solicitaban estas testificales (los trámites para la exposición al público de la modificación y del convenio) «no presentan indicios de criminalidad, resulta incuestionable que las diligencias solicitadas (y no pendientes) son improcedentes e inútiles y no pueden servir para justificar la continuación de la instrucción».
