Puig denuncia una amnistía fiscal encubierta de 322 millones en los tributos autonómicos

Un informe revela que entre 2012 y 2014 se anularon miles de liquidaciones del impuesto de sucesiones

16.06.2016 | 16:41
Puig denuncia una amnistía fiscal encubierta de 322 millones en los tributos autonómicos

La Intervención de la Generalitat ha realizado un informe en el que se pone de manifiesto que entre 2012 y 2014 se anularon liquidaciones tributarias correspondientes a los impuestos de sucesiones, patrimonio, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados por un importe de 322 millones de euros. Según ha avanzado el presidente, Ximo Puig, "aquí también hubo amnistía fiscal, 322 millones que no se investigaron".

Así se ha pronunciado el jefe del Consell durante la sesión de control en las Cortes, en respuesta a la pregunta del portavoz de Ciudadanos, Alexis Marí, sobre las medidas puestas en marcha para mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos en la Comunitat.

Fuentes de la Conselleria de Hacienda han precisado que esas cifras han sido reveladas por el 'Informe de control financiero de los expedientes de anulación y baja por prescripción de liquidaciones tributarias durante los ejercicios 2012 - 2014', que concluye que "durante el periodo objeto de control se anularon liquidaciones tributarias en el ISD y en el ITP-AJD por importe de 322.313.238,29 euros".

En total, las liquidaciones anuladas de estos impuestos fueron 37.457. Del total, "7.378 liquidaciones anuladas por importe de 51.281.732,64 euros se registraron como anulaciones por prescripción".

El documento de la Intervención añade también que, de la revisión de doce expedientes seleccionados por el equipo de control, "se ha puesto de manifiesto que el plazo medio que transcurre desde la presentación de la autoliquidación hasta la notificación del inicio del procedimiento de comprobación es de 3 años, 5 meses y 15 días, sin que se justifique el motivo de tal dilación ni la realización de ningún tipo de control al respecto por parte de la Dirección General de Tributos y Juego".

Han recordado que el plazo de prescripción es de cuatro años, de modo que 7.378 liquidaciones se habrían anulado en el periodo de estudio porque habían pasado cuatro años sin ninguna actuación, lo que provocó su prescripción.

El resto de anulaciones, hasta las 37.457 y los 322 millones, responde a diferentes causas, fundamentalmente, las sentencias del TEAR y del TSJCV que rechazaron el sistema de comprobación de valores de los inmuebles (a efectos de los citados impuestos) que aprobó el anterior Consell. Una vez rechazada una liquidación, hay que realizar una nueva, pero si la Administración no hace nada, el procedimiento caduca a los 6 meses.

Entre las recomendaciones del Informe de la Intervención figura la de "exigencia de las oportunas responsabilidades a los responsables de la prescripción de derechos".

"RESOLVER PROBLEMAS DEL PASADO"
Puig ha señalado que el ejecutivo valenciano está "intentando resolver problemas del pasado" y tomando medidas de control del gasto, con una Viceintervención General de Control de Fondos Comunitarios y Subvenciones, el acceso de la Conselleria de Hacienda a la contabilidad de las empresas, la Ley de Cuentas Abiertas o el Plan de Choque contra el Fraude Fiscal, que ha permitido detectar 539 defraudadores y recuperar dos millones de euros, ha aseverado.

"Es el camino", ha dicho Puig, que también ha recordado que la situación "es la que es" y el Consell está "desactivando minas" consecuencia de "mala gestión, corrupción y falta de sentido común". Ha avanzado, por ejemplo, que este viernes el Consell dejará de pagar cada mes 29.000 euros por la sede de Canal 9 en Alicante "que no es propiedad de la Generalitat y en la que se han invertido nada más y nada menos que 5 millones de euros".

Por otra parte, y ante las críticas de Marí a los nombramientos en la Conselleria de Sanidad, Puig ha asegurado que "todos los cargos que se han nombrado" lo han sido "de acuerdo con la ley" y bajo el procedimiento que marca la ley, al tiempo que ha admitido que "se tiene que ir avanzando hacia una mayor profesionalización de algunos ámbitos".

Marí ha pedido también al conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, al que se ha referido como "capitán de la KGB", que "ponga orden en la sala" y siga los criterios de capacidad, mérito y experiencia.

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