Donde dijo no ahora dice sí. El magistrado Manrique Tejada, instructor de la causa abierta por los presuntos amaños del PGOU de Alicante, ha acordado que se investigue si el empresario valenciano Ricardo Furter, quien implica a Enrique Ortiz en el pago del jet en el que viajó el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi a Creta, declaró los 36.000 euros que asegura que el promotor le entregó para el alquiler del aparato.
El instructor cambia así el criterio que mantuvo hace unos meses, cuando rechazó la petición de la defensa de Ortiz, investigado junto a Alperi y a la exregidora Sonia Castedo, entre otros, por supuestos amaños en la tramitación del PGOU, para que se reclamara a la Agencia Tributaria «copia íntegra de los modelos de declaración presentados por la mercantil Rocafort Negocios S. L. (hoy Sorrosal Inversiones S. L.) propiedad de Fuster. Pedía en concreto el modelo 347 de «declaración anual de operaciones con terceras personas (operaciones superiores a 3.005,06 euros» y «el resumen anual, modelo 190 (retenciones e ingresos a cuenta del IRPF: rendimientos del trabajo y actividades económicas)». Todo ello relativo al ejercicio 2008, cuando Alperi realizó el polémico viaje que investigadores y acusaciones enmarcan dentro de las prebendas con las que Ortiz habría agradecido al político del PP que le facilitara datos reservados del futuro planeamiento urbano de la ciudad.
Fuster declaró ante el juez que Alperi, al que le unía una amistad de años, le pidió que le adelantara el dinero para el alquiler del aparato y que cuando después quiso recuperarlo el exalcalde le indicó que se acercara a las oficinas que Ortiz tiene en Valencia, donde se lo devolverían. Ante la negativa a entregarle el dinero en la sede del promotor alicantino en aquella cidad, el empresario valenciano aseguró en una primera ocasión que alguien que no conocía le citó en un bar y le entregó un sobre con los 36.000 euros. Una declaración que después modificó para identificar a esta persona como Pedro Muguruza, el hombre de confianza de Ortiz en Valencia.
En esa primera comparecencia, Fuster, para quien Tejada ha cerrado el procedimiento, aseguró que la cantidad que le adelantó al exalcalde figuraba en su contabilidad como impagada. El representante legal de Ortiz pretende que se averigüe si el empresario valenciano declaró los 36.000 que asegura haber recibido de manos de uno de los empleados del promotor.
En un auto notificado ayer , el magistrado estima ahora «pertinencia» de la investigación solicitada por los abogados del Ortiz reconsiderando su negativa inicial, criterio éste con el que estaban de acuerdo tanto el representante de la acusación popular que se ejerce en nombre de EU como el abogado del propio Fuster. La decisión de Manrique Tejada, con todo, admite recurso de apelación ante la Audencia.
