Visto para sentencia. El juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras por la Plaza de Magallanes terminó ayer en la Audiencia Provincial de Alicante con los alegatos finales de las palabras y una intervención del exvicealcalde de Alicante y exconcejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, que hizo uso de su turno de última palabra para recalcar que siempre actuó buscando el interés público y que siete años después sigue pensando que hizo lo que tenía que hacer. Junto a Andrés Llorens se sientan en el banquillo de los acusados, tres técnicos del área de Atención Urbana y el gerente de la empresa adjudicataria de las obras. La Audiencia deberá decidir ahora si ve delito o no en estos hechos.
La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular, ejercida por la ahora exdirigente socialista Carmen Sánchez Brufal, les imputan los delitos de prevaricación y falsedad documental por adjudicar los trabajos complementarios para la remodelación de la plaza después de que la obra ya estuviera terminada. El fiscal pide tres años de prisión y nueve de inhabilitación tanto para Llorens como para los técnicos imputados; mientras que para el empresario pide la mitad de estas penas, a quien considera cooperador necesario de estos delitos.
Durante su turno de última palabra, Llorens señaló que como concejal siempre he intentado actuar «con honestidad». «Los vecinos estaban enfadados con el proyecto y les atendí. Sus reivindicaciones eran justas y hablé con los técnicos para ver cómo se podían llevar a la práctica», aseguró. Llorens dijo que «no entiendo de procedimientos. No sé lo que es un acta de replanteo, ni precios contradictorios. Actué según lo que me dijeron los técnicos, que tienen años de experiencia y en los que confiaba plenamente». El exedil incidió en que la presión vecinal era muy fuere y que «yo hice lo correcto. Hoy, siete años después de empezar este proceso que tanto daño me ha hecho en lo personal y en lo profesional, sigo pensando que hice lo que tenía que hacer en bien del interés público», concluyó. Llorens fue el único de los cinco acusados que hizo uso del turno de última palabra. Los otros cuatros acusados no quisieron añadir nada a lo que manifestaron sus abogados.
Previamente, el abogado defensor de Llorens, Luis Delgado de Molina, había pedido la absolución recalcando que el exedil se limitó a hacer lo que le dijeron los técnicos. «Tomó la decisión política de que en el proyecto se incluyeran las mejoras que pedían los vecinos y no intervino en nada en la tramitación. Ni hay relación con la empresa, ni condiciona a los técnicos para que hagan sus informes en un sentido u otro», recalcó. El letrado señaló que las acusaciones se basan en meras suposiciones y conjeturas y que no había prueba de cargo alguna que sustentara los cargos. «Llorens y el empresario se conocieron el día de la inauguración y no se había visto antes», dijo.
En cuanto al exjefe de Atención Urbana, Victor López, su abogado, José Manuel Alamán, aseveró que su defendido no había podido cometer el delito de prevaricación, ni de falsedad que les imputan. «Es precisamente este técnico quien alerta que los trabajos complementarios no pueden adjudicarse directamente a la misma empresa porque el precio de esas obras excede el 50 por ciento del presupuesto del proyecto y plantea la posibilidad de ir a un procedimiento negociado y sin publicidad», señaló. El letrado aseguró que tampoco había quedado acreditado que el funcionario hubiera obligado a sus subordinados a hacer informes en un sentido u otro. Asimismo, el abogado presentó un informe del actual fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, en otro caso que, a su juicio, era idéntico a éste y en el que no había visto delito porque no había existido perjuicio.
El abogado de los otros dos funcionados de Atención Urbana que estaban asignados a los dos expedientes de las obras consideró «una fabulación» la imputación de que los informes que confeccionaron fueran falsos. «Nadie ha negado que las obras hubieran comenzado antes», aseveró el letrado Antonio Poveda, que recalcó que el primer proyecto no podía acabarse hasta que se hubieran terminado los añadidos que pedían los vecinos. El letrado señaló que era totalmente un sinsentido que hubieran acabado las primeras obras para después demolerlas a fin de instalar la fuente y la rampa para discapacitados. Según esta defensa, las acusaciones están partiendo de la base de que cualquier actuación municipal es «delictiva» y aquí no hay falsedad alguna, ni prevaricación alguna. El letrado ha señalado que las obras se hicieron, mientras que el expediente administrativo iba con más retraso.
Víctimas de la falta de medios
Por su parte, abogado de la empresa Coinger, adjudicataria de las obras, señaló que en este asunto lo que había fallado «ha sido la burocracia». «Estamos una vez más ante una de esos casos en los que hay una demora de la Administración. No hay mala fe por parte de nadie, sino que es un problema de falta de medios», aseveró. Según expuso, estos trabajos complementarios se hicieron a precio de coste y la empresa apenas tuvo beneficios por ellos.
Mientras que el fiscal y la acusación habían descartado el día anterior en sus informes que ésta fuera una denuncia política, todas las defensas recalcaron que sí que lo era y que jamás se tendría que haber tramitado por la vía penal y quedarse en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Los letrados incidieron en que cuando se hizo la inauguración la plaza todavía no estaba terminada, y la ejecución de los trabajos complementarios, así como las pruebas de la fuente continuaron durante varios meses más.
