El fiscal del caso Nóos Pedro Horrach ha desgranado ante el tribunal 32 indicios que considera pruebas en contra de los cuatro ex altos cargos de la Comunidad Valenciana a quienes acusa en este proceso por las contrataciones al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

Según Horrach, el exsecretario de Turismo Luis Lobón, los exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) José Manuel Aguilar y Jorge Vela y la ex responsable jurídica de dicha entidad, Elisa Maldonado, eran conscientes de la obligación de que los contratos en los que intervinieron se sometieran a los principios de contratación de publicidad y concurrencia.

En la exposición de su informe final, el fiscal ha señalado que, a pesar de esa circunstancia, en Cacsa no se inició procedimiento de contratación alguno para establecer el vínculo con el Instituto Nóos y no existe en los archivos de la entidad ningún expediente, ni se comprobó la solvencia de la asociación ni se cuestionó el precio que pidió por organizar los Valencia Summit, por los que cobró 3,1 millones de euros en tres ediciones.

"Nadie sabe de dónde salió el convenio" y "nadie sabe cómo se fija el precio", ha subrayado.

Según el acusador público, es indudable la aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas a Cacsa y además la existencia de prestaciones económicas en contraprestación a la labor del Instituto Nóos determina que los negocios jurídicos con la entidad que presidía Urdangarin debían realizarse "como contrato y no como convenio o acuerdo de colaboración".

Entre las pruebas, Horrach ha destacado que para organizar los Valencia Summit Iñaki Urdangarin se puso en contacto con los entonces president de la Generalitat, Francisco Camps, y alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Ha recordado también la declaración del marido de la infanta Cristina durante la instrucción, cuando dijo que quien le dio "el visto bueno a los convenios de colaboración fue la señora Barberá, después de decirle que ha hablado con Camps".

También ha destacado la declaración como acusado en el juicio del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, que admitió: "Claro que sabía que era de Urdangarin; lo sabían todos". Según el fiscal, Lobón se reunió con Diego Torres por orden del exconseller de Economía Gerardo Camps y dio a sus subordinados la orden de contratarlo.

El acusador público ha destacado que la propia Maldonado reconoció en su declaración que cuando se le pidió un informe técnico en 2005 para justificar el Valencia Summit de 2004, no había oído hablar de él y solo sabía que era "un tema de Iñaki Urdangarin".

Horrach ha calificado de "disparate" que explicaran ese documento como un informe para terceros, cuando era para la Sindicatura de Cuentas, un órgano de fiscalización que lo pidió para motivar el interés público del evento, como la única forma posible de "garantizar que responda al interés general y no a la pura y dura arbitrariedad". En el juicio del caso Nóos, Horrach pide 6 años de prisión para Aguilar y 8 para Lobón, Vela y Maldonado.

Sobre su petición de 5 años y 3 meses de condena para la ex consejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen, por una donación de 140.000 euros a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), Horrach ha recalcado que las entidades que gestionaron la candidatura olímpica eran de interés general y no justificaron ese pago.

Ha dicho que Coghen tenía una posición de dominio y ascendencia como directora de la candidatura, y fue quien se reunió con Urdangarin y Torres y quien decidió su vínculo con la Fdcis, que se formalizó en un documento de noviembre de 2007 que fijaba un marco genérico de colaboración sin determinar labores específicas ni precio.

Ha recalcado que las cantidades que se transfirieron a la Fdcis carecen de cualquier soporte documental ni sustento jurídico.