El grupo Compromís en la Diputación de Alicante ha vuelto a atacar al presidente de la Diputación poniendo en duda la legalidad de la adjudicación de dos millones para Calp. Y lo ha hecho en plena campaña electoral con la presentación de un recurso de reposición para exigir al pleno que se rectifique el acuerdo que aprobó 2 millones de euros para esa localidad con el fin de ejecutar obras de mejora en los accesos de la N-332 a Calp -cuyo alcalde es el presidente de la institución provincial, César Sánchez- que afectan a suelo de la familia de Sánchez. Según la formación, que cuenta con tres diputados provinciales, la Diputación tiene nueve días para convocar un pleno y votar su retirada al entender que la adjudicación vulnera la Ley de Régimen de Bases Locales «por su arbitrariedad en la gestión de fondos públicos» y por incompatibilidad en la votación del presidente.
En el recurso, Compromís repasa la aprobación el pasado 4 de mayo de un convenio de urgencia, en la comisión de infraestructuras, para dotar de más de dos millones de euros a Calp para construir dos rotondas «sin tener competencia sobre esa infraestructura» e incurriendo en «un hipotético incremento patrimonial de familiares directos del presidente, dado que dicho convenio firmado por el Ayuntamiento de Calpe condiciona la cantidad y modalidad de cobro de la parcela al tiempo de ejecución real de las obras y la Diputación actúa incidiendo en el tiempo de ejecución de las obra». Dice la formación en su recurso que al margen de los terrenos ya expropiados existen dos parcelas más de la misma propiedad «que multiplicarán su valor a raíz de la construcción de las redondas impulsadas por la Diputación como competencia impropia».
La argumentación fundamental del recurso se basa en que las rotondas posibilitan el desarrollo del futuro polígono industrial de Calp, pendiente sólo de esos accesos. «Los terrenos pasarán de rústicos a efectos valorativos a urbanos en polígono industrial. Esto podría multiplicar por 10 el valor de los mismos a partir del convenio impulsado por la Diputación», expresa el texto.
El diputado provincial de Compromís, José Manuel Penalva, ha señalado que la voluntad de la coalición «es no judicializar la cuestión en posteriores derivaciones en un contencioso administrativo o en un posible caso penal, sino más bien potenciar un gran acuerdo de consenso de inversión democrática que afecte los principales tramos conflictivos a toda la provincia, se trata de un oportunidad para el presidente de la Diputación de un gran acuerdo político».
El pleno aprobó la adjudicación de esos más de dos millones a Calp con los votos a favor del PP y la abstención del diputado de C's, Fernando Sepulcre, quien rompió el pacto que previamente realizó con los portavoces de la oposición para tumbar la medida. Esa abstención permitió salvar la inversión en el ayuntamiento calpino con el voto de calidad del presidente de la Diputación.
