El juicio por las presuntas irregularidades en la Plaza Magallanes ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial.
Ayer las acusaciones mantuvieron todos los cargos por los delitos de prevaricación y falsedad documental.
Esta mañana ha sido el turno de las defensas que aseguran que todo el proceso es una denuncia política que jamás debería haberse tramitado por la vía penal, sino en la administrativa.
Los letrados han reiterado que no existía connivencia entre los acusados y que las acusaciones se basan en especulaciones y suposiciones sin que se hayan presentado pruebas de cargo.
