Nuevo golpe del Ministerio de Hacienda, controlado por Cristóbal Montoro, contra el gobierno de izquierdas de la Generalitat Valenciana. En vísperas de las elecciones generales del 26J, Madrid le ha negado al Consell que comparten los socialistas y Compromís una petición de 150 millones en fondos de tesorería para disponer de liquidez suficiente que le permita abonar a los funcionarios dependientes de la administración autonómica el 50% de la paga extra de 2012, que tienen pendiente de cobro después de que fuera suprimida por el PP como consecuencia de la crisis económica. La decisión de Montoro afecta a 140.000 trabajadores dependientes del Consell -adminisración general, Justicia, Sanidad, Educación, empresas públicas, universidades...- y supone un agravio comparativo en tanto que los funcionarios del Estado sí que han cobrado ya ese dinero que se les adeudaba en las nóminas de abril y mayo. Una situación que, desde luego, pone otro palo en las ruedas de la relación entre el Ejecutivo de Madrid y la Generalitat.

En una misiva remitida hace dos semanas a Madrid y cuya imagen acompaña a esta información, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, solicitó esa inyección de liquidez «mediante el instrumento» que el ministerio considerara adecuado para propiciar la devolución de la extra de 2012 a los funcionarios de la Generalitat -suprimida por el decreto Vela-, «en los mismos términos que lo hace la Administración del Estado». El ministerio rechaza, sin embargo, cualquier vía para remitir ese dinero a la Generalitat. Ni contempla adelantar al Consell un anticipo de la liquidación del sistema de financiación, que se cobra en julio y que en el caso de la Comunidad Valenciana asciende a 1.245 millones, ni tampoco un aporte económico a través del primer tramo trimestral del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que, como publicó este periódico, ya han cobrado ocho comunidades pero que, a estas alturas, continúa sin llegar a las arcas del Consell aunque a la espera de una solución en un plazo breve.

«Montoro ha dado un no rotundo a los funcionarios de la Generalitat, negándo su ayuda para que cobren en términos iguales a los del Estado. Genera el ministro un agravio comparativo y, sobre todo, terriblemente injusto», explicó la secretaria autonómica Clara Ferrando. «Una vez más, el ministerio no está a la altura de las cirscunstancias y prefiere no ver la realidad que sabe de sobra que existe. Son perfectamente conocedores de la situación de las finanzas de nuestro territorio. La Comunidad acumula una infrafinanciación crónica motivada por el modelo de financiación y a ello se suman además las dificultades de tesorería provocadas por el propio ministerio», recalcó Ferrando.

La número dos de la conselleria de Hacienda explicó que «cuando desde la Generalitat se solicita un anticipo no estamos pidiendo al que nos haga un favor, sino que estamos reclamando un dinero que nos corresponde y que tenemos todo el derecho exigir». «Es una bofetada a los funcionarios valencianos, a los que se pretende considerar como empleados públicos de segunda. No lo vamos a consentir», lanzó la secretaria autonómica de Hacienda que a su vez subrayó que el actual Consell va a cumplir su promesa de devolver el 50% restante de esa paga extraordinaria que, por imposición del Gobierno central, se arrebató a todos los funcionarios en las Navidades de 2012». El abono se producirá, zanjó, en cuanto la Generalitat disponga de la liquidez necesaria para afrontar ese desembolso.