La ley sobre la futura Radiotelevisión Valenciana (RTVV) podría quedar aprobada el próximo 20 de julio en un pleno extraordinario de las Cortes Valencianas, una vez se inicie esta semana su tramitación y se someta al proceso de participación ciudadana y de enmiendas.

Así lo ha avanzado el diputado de Podemos y presidente de la comisión parlamentaria que ha elaborado esta ley, Marc Pallarés, tras la Junta de Portavoces, quien ha explicado que una vez presentado el proyecto de ley, que se tramitará en el pleno de esta semana, se trabaja con tres fechas clave.

La primera es el 23 y 24 de junio, cuando se llevará a cabo el proceso de participación ciudadana, con las comparecencias de las personas interesadas, mientras que la segunda será el 12 de julio, con el debate de las enmiendas de los grupos parlamentarios en la comisión, segùn informa Efe.

Una vez superados estos dos trámites, el proyecto de ley pasará a pleno y se pedirá la celebración de una sesión extraordinaria el 20 de julio con el fin de que la ley que regule la futura Radiotelevisión Valenciana quede aprobada antes de que finalice el mes.

El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha afirmado tener el compromiso del presidente de las Cortes, Enric Morera, de habilitar las fechas necesarias para aprobar esta norma, y ha animado a todos los extrabajadores de RTVV, tanto a los que firmaron el ERE como a los que no, a que pidan su comparecencia.

La portavoz parlamentaria del PP, Isabel Bonig, ha dicho que su grupo se abstendrá en la tramitación de la proposición de ley que presentan el PSPV, Compromís y Podemos por considerar que faltan algunos informes que den seguridad técnica y jurídica, y que garanticen la sostenibilidad financiera de la nueva RTVV.

Desde el PSPV, su portavoz parlamentario, Manuel Mata, ha considerado que el principal escollo para un amplio acuerdo en esta ley está en la mención expresa que se hace a los extrabajadores de RTVV, una cuestión que considera que no debería recogerse en esta norma.

Mata espera que durante la tramitación parlamentaria se pueda lograr una fórmula que permita "el más amplio consenso" para su aprobación final, pero también que se logre una ley "blindada jurídicamente" que no tenga "problemas de constitucionalidad ni pueda ser recurrida por cualquiera".