El exvicealcalde de Alicante y ex concejal de Atención Urbana Andrés Llorens ha asegurado esta mañana que viene al juicio a demostrar que en todo momento se actuó en beneficio de los beneficios para remodelar la Plaza Magallanes y que nunca hubo perjudicados por la actuación municipal. Llorens ha dicho que estos siete años de proceso han sido un calvario y ha admitido que el caso le ha costado su carrera política. "Ha habido una politización evidente de este caso", ha asegurado y ha mantenido que el Ayuntamiento sólo quiso acelerar lasa obras en beneficio de los vecinos.

La Audiencia de Alicante juzga desde hoy a Andrés Llorens por las irregularidades en las obras de la Plaza de Magallanes. El juicio arranca más de un año después de que el juzgado que investigó los hechos enviara la causa para que celebrara el juicio a mediados de mayo del año pasado.

Andrés Llorens está acusado de presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. Al político del PP se le imputa haber adjudicado un añadido a las obras de remodelación de la Plaza de Magallanes de Alicante cuando los trabajos ya habían concluido.

Llorens, a quien este asunto le costó su carrera política, siempre ha defendido que si actuó de ese modo fue por el bien de los vecinos y que nunca se ha considerado un corrupto. Sin embargo, además del coste político, elevadas son las penas que se solicitan para él. Mientras el ministerio fiscal pide 3 años de prisión y 9 de inhabilitación para cualquier cargo público, la acusación popular, que ejerce la dirigente socialista Carmen Sánchez Brufal 4 de cárcel y 11 de inhabilitación.

Recientemente, el Ayuntamiento de Alicante se retiró del proceso como acusación, tras haberse personado durante la etapa de gobierno del PP y mantenía que no se había cometido delito alguno y que tampoco se había producido ningún perjuicio público, por lo que planteaba el sobreseimiento de las actuaciones.

Junto al vicealcalde están acusados tres técnicos municipales, entre ellos un exjefe del servicio de Atención Urbana que está investigado en otros dos procedimientos (Víctor López) y el responsable de la mercantil que realizó los trabajos.

Algunos de los acusados se enfrentan a otra comparecencia judicial, ya que Llorens y su compañero de corporación Juan Zaragoza, han sido citados por el juez que investiga las presuntas irregularidades en la contrata a la mercantil Isjoma, también de la concejalía de Atención Urbana. La fecha de la citación coincidía con los días de este juicio, motivo por el que el magistrado la ha pospuesto para dentro de un mes.