La Sindicatura de Greuges de la Comunidad Valenciana tramitó en 2015 un total de 28.193 actuaciones, entre quejas presentadas por la ciudadanía, iniciadas de oficio por la institución y consultas recibidas por la Oficina de Atención Ciudadana. Del total, el 23,45% estuvieron relacionadas con Servicios Sociales, el 19,37% con Urbanismo y el 16,77% con Educación. En 2014, los asuntos tramitados ascendieron a 34.519, si bien han subido en más de medio millar las quejas presentadas por los ciudadanos. El Síndic de Greuges, José Cholbi, señaló que se ha recibido unas 500 más respecto al año anterior. «No sabemos si es por la crisis, pero hay mucho más interés por parte de los ciudadanos por acercarse al Síndic», explicó Cholbi en su comparecencia.

De las 28.193 actuaciones, un total de 13.572 -el 48,14%- fueron quejas presentadas por los ciudadanos; otras 32 se iniciaron de oficio -el 0,11%- y otras 14.589 -el 51,75- fueron consultas que se tramitaron a través de la Oficina de Atención Ciudadana de la entidad. Al respecto y durante su comparecencia en las Cortes para entregar el informe a Enric Morera, Cholbi apuntó que «detrás de cada una de las 13.572 quejas hay una persona, y tras esa persona, problemas» y, por tanto, «tenemos que intentar poner toda la voluntad por solucionarlas». Las quejas de oficio, continuó el síndic José Cholbi, se han formulado «por temas de actualidad, recogidas en los medios de comunicación o de plataformas, y se cree necesario actuar». Junto al observatorio relacionado con los Servicios Sociales, la entidad ha creado otro relacionado con los problemas generados por el urbanismo, que estará coordinado por Carlos Morenilla. Lo cierto es que las quejas por cuestiones urbanísticas son las segundas con más impacto de acuerdo con la memoria que ya se encuentra en poder de las Cortes Valencianas.

En materia urbanística, de hecho, todavía no se ha notado una reactivación de la actividad en la aprobación de nuevos planes urbanísticos. Entre los problemas investigados, el informe del Síndic destaca los siguientes: el suelo no se ha urbanizado -carece de agua, alcantarillado, alumbrado...- pero, en cambio, es valorado a efectos fiscales en el impuesto sobre bienes inmuebles. Algunos municipios siguen manteniendo los avales requeridos a los propietarios para garantizar las obras de urbanización, a pesar del fuerte coste de mantenimiento.